Según Gestión, el presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera, destacó que el Perú posee un potencial significativo en recursos minerales, junto con un capital humano y un marco institucional adecuado para impulsar su desarrollo minero. Este panorama se suma a las proyecciones de precios altos de metales, impulsados por la transición energética global, convirtiendo a Perú en una oportunidad histórica para posicionarse como actor clave en la industria minera mundial. Chile, actualmente el principal productor de cobre, está en competencia con la República Democrática del Congo y el Perú, que ocupa el segundo lugar, mientras que China se sitúa en cuarto puesto.
Uno de los principales factores positivos señalados por Viera es el acceso directo a recursos minerales en grandes cantidades. Además, el país cuenta con una estructura institucional que podría facilitar el desarrollo sostenido del sector. Sin embargo, también identificó dos fallos estructurales que generan preocupación: la expansión de la minería ilegal y los conflictos entre empresas mineras y comunidades locales. En este sentido, el avance campante de la actividad informal no solo desafía el orden regulatorio, sino que también se intensifica por la falta de vigilancia efectiva. Las autoridades, según Viera, han dejado de optimizar el sistema de control que debería prevenir la proliferación de operaciones no autorizadas.
Otro aspecto crítico es la conexión entre economías informales, donde la minería ilegal se ha vinculado al narcotráfico. Esta alianza se considera una de las dos economías “negras” más relevantes en el Perú. La presencia de esta dinámica no solo vulnera el orden jurídico, sino que también amenaza la estabilidad social y el desarrollo sostenible del sector. Si no se adoptan medidas concretas, el crecimiento de la minería ilegal podría aumentar de forma exponencial, generando un impacto mayor en la economía y en las comunidades afectadas.
Para los inversionistas extranjeros, este panorama implica una tensión entre la atracción de un mercado con alto potencial y las barreras institucionales y sociales que aún persisten. En el contexto peruano, donde el desarrollo minero ha sido históricamente clave para la generación de empleo y exportaciones, la falta de control efectivo en zonas rurales y el riesgo de violencia comunitaria pueden afectar directamente la viabilidad de proyectos. Los inversores deben evaluar no solo los beneficios económicos, sino también la capacidad del Estado para gestionar el equilibrio entre crecimiento industrial y derechos sociales. La transparencia institucional y el fortalecimiento de mecanismos de participación comunitaria serían condiciones esenciales para que el sector minero se convierta en un motor de desarrollo sostenible.