Según Gestión, el presidente del Directorio de Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides, destacó que Perú posee el mayor número de proyectos de cobre sin inicio de desarrollo en el mundo. Datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) indican que se registran 21 iniciativas mineras de cobre sin fecha definida para su puesta en marcha. Entre ellos se incluyen La Granja (US$ 2.400 millones), Yanacocha Sulfuros (US$ 2.500 millones), Río Blanco (US$ 2.792 millones) y El Galeno (US$ 3.500 millones). El experto subrayó que este potencial minero, más amplio que el de Chile o el Congo, representa una oportunidad estratégica para el país.
La historia de los proyectos mineros en Perú no es reciente. Desde que se inició el desarrollo de Cuajone en 1969 hasta que se lanzó Yanacocha en 1993, transcurrieron 24 años sin que se ejecutara un proyecto de gran escala. Esta paralización se debe a decisiones políticas y a una insuficiente apertura económica. Benavides advirtió que el contexto actual —con precios del cobre que pasaron de US$ 4.15 por libra en 2024 a US$ 4.51 en 2025 y ya alcanzando US$ 5.83 en mayo de 2026— impulsa a Perú a actuar con urgencia. Proyecciones indican que el mundo enfrentará un déficit de cobre del 35% en 2035. En este escenario, el país tiene la responsabilidad de desarrollar sus proyectos mineros para posicionarse como productor clave global.
El análisis de la situación revela que, para el lector peruano, el futuro de la economía rural y de las zonas productivas como Moquegua no depende únicamente de políticas urbanas o de Lima. La región que alberga minas como Quellaveco, Cuajone y San Gabriel representa una base de crecimiento sostenible. Invertir en estos proyectos no solo fortalece la producción interna, sino que también genera empleo, fortalece la infraestructura y reduce la dependencia de importaciones. Además, el riesgo de minería ilegal crece cuando los proyectos legítimos no se desarrollan. Si el Estado y el sector privado no aceleran las inversiones, las actividades informales seguirán ocupando el espacio, generando pérdida de recursos y desigualdad regional.
El caso peruano demuestra que el desarrollo minero no es solo una cuestión técnica, sino un eje de política económica. Cuando los precios de los metales suben y el mundo busca fuentes alternativas, el Perú debe convertirse en un referente de eficiencia y transparencia. La alianza con países como Francia, que ya ofrece apoyo a iniciativas mineras, podría abrir nuevas vías de financiamiento y cooperación. Sin embargo, el éxito depende de la capacidad del país para transformar sus proyectos en realidad, con políticas claras, inversiones estables y una gestión transparente.