Segun Gestión, el organismo encargado de supervisar inversiones en infraestructura de transporte público en Perú ha advertido sobre la escalabilidad de conflictos derivados de retrasos en la entrega de terrenos. La presidenta del Ositrán, Verónica Zambrano, destacó que 11 contratos de concesión están a punto de finalizar, lo que pone en riesgo la continuidad de proyectos clave. Estas deficiencias no solo atrasan el funcionamiento de las obras, sino que también generan compromisos económicos que pueden ser reclamados por inversionistas privados. La funcionaria señaló que la falta de entrega de terrenos se ha convertido en un escenario crítico, ya que incluso las concesiones que ya han terminado su vigencia aún enfrentan problemas de cumplimiento.
La forma en que el Estado maneja los contratos de concesión ha sido identificada como un punto de vulnerabilidad. Las discrepancias entre las entidades que otorgan los contratos y las empresas que los operan pueden derivar en disputas arbitrales, especialmente cuando se trata de acuerdos de gran magnitud. Zambrano expresó que, a pesar de los esfuerzos por regular el proceso, el Perú ha tenido una tendencia a no obtener resultados favorables en los tribunales del Consejo Internacional de Arbitraje (Ciadi). Esta situación ha generado preocupación sobre la estabilidad de los acuerdos públicos y la confianza de los inversores extranjeros.
Además, el cambio frecuente de responsables en el Ministerio de Transportes ha obstaculizado la resolución de problemas contractuales. Las decisiones administrativas no han sido coherentes ni sostenibles, lo que dificulta la ejecución de acuerdos y la creación de un marco legal estable. El Ositrán insiste en que las autoridades deben reevaluar sus interpretaciones de los compromisos asumidos y establecer mecanismos proactivos para resolver conflictos antes de que se trasladen a foros internacionales.
Para los inversionistas peruanos y extranjeros, este panorama plantea un desafío claro: la necesidad de un enfoque más estructurado y previsible en la gestión de contratos públicos. Los proyectos de infraestructura, especialmente aquellos que requieren inversión significativa como el gas para fertilizantes, dependen en gran medida de la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones. Si las autoridades no adoptan políticas más estables y transparentes, el riesgo de litigios y la pérdida de confianza seguirán creciendo. En un contexto donde el Perú busca atraer capital privado para modernizar su red de transporte y servicios, estas debilidades podrían obstaculizar el desarrollo sostenible de sus economías regionales.