Según Gestión, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó en junio el Convenio 193 sobre el trabajo decente en la economía de plataformas. Este instrumento internacional, aunque aún no obligatorio para Perú, aborda de forma clara las dinámicas de trabajo en entornos digitales como aplicaciones de transporte, entrega y servicios a través de apps. El convenio se aplica a todas las plataformas digitales, independientemente de si los trabajadores operan en el sector formal o informal, y no se basa únicamente en el tipo de contrato firmado. En su núcleo, plantea que los gobiernos deben evaluar con rigor si existe una relación laboral, centrando su análisis en la realidad de ejecución del trabajo y en la forma en que se paga, no en el nombre legal del acuerdo.
Una de las obligaciones clave establecidas es que, en caso de que se confirme una relación laboral, la remuneración —sin incluir propinas o bonos— no debe caer por debajo del salario mínimo vigente. Además, los costos directos que un trabajador asuma para cumplir con su tarea, como combustible o reparación de vehículos, deben ser compensados conforme a las normas nacionales. Este enfoque busca nivelar la protección laboral para quienes, aunque operan de forma independiente, cumplen funciones que requieren condiciones similares a las de empleados tradicionales. El convenio también exige que se simplifique el proceso de formalización, especialmente para quienes actualmente no tienen registros oficiales, lo que podría facilitar el acceso a beneficios como salud, seguro social y protección ante despidos.
Para los peruanos, este marco representa una oportunidad de reestructurar las relaciones laborales en un entorno que ha crecido rápidamente. Más de 20 millones de personas en el país dependen directamente de plataformas digitales para generar ingresos, desde conductores hasta repartidores. Muchos de estos trabajadores, aunque operan bajo contratos de independencia, enfrentan condiciones que no siempre garantizan estabilidad, seguridad o acceso a servicios básicos. Si Perú decide ratificar el convenio, podría impulsar un cambio significativo: no solo en el reconocimiento legal, sino en la posibilidad de que estas actividades sean reguladas con mayor equidad. Esto permitiría que los trabajadores tengan acceso a beneficios sociales, reduzca la vulnerabilidad económica y fomente un entorno laboral más justo, donde el esfuerzo no se pague por debajo del mínimo. En un contexto donde el empleo informal representa más del 60% de la fuerza laboral, el debate sobre qué es un "trabajador" y cómo se protege, adquiere una relevancia directa para la vida diaria de millones de ciudadanos.