Segun Gestión, el Perú cuenta con una cartera de proyectos mineros valorizada en 64.000 millones de dólares, según datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas. Este volumen refleja una reconfiguración estratégica del sector, impulsada por la escasez creciente de cobre y otros minerales esenciales para la transición energética, así como por el avance tecnológico en infraestructuras digitales y la inteligencia artificial. En este escenario, el nuevo Congreso bicameral genera entusiasmo en el ámbito minero, al tiempo que los inversores continúan evaluando sus apuestas con horizontes de hasta 30 años.
El análisis de Luis Rodríguez Mariátegui, experto en minería del Estudio Hernández, señala que las decisiones de inversión no dependen de ciclos políticos, sino del potencial del yacimiento y las proyecciones del mercado internacional. Aunque los inversores consideran la estabilidad institucional, el factor clave en su evaluación sigue siendo la calidad técnica y económica del proyecto. Este enfoque demuestra que la viabilidad de un proyecto no se mide solo por su ubicación geográfica, sino por su capacidad de generar retorno sostenido a largo plazo.
José Manrique, docente de Ingeniería de Gestión Minera de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), subraya que el potencial minero del país es vasto, pero aún no se ha traducido en una realidad productiva. “Perú es un país de grandes recursos mineros, aún no país minero”, afirma. Su argumento plantea que el éxito de la inversión no radica únicamente en la existencia de recursos, sino en la capacidad institucional de convertirlos en desarrollo sostenible. Para ello, las reformas deben ir más allá de la legalidad, buscando legitimidad social y económica en las decisiones.
Una prioridad clave, según Rodríguez, es establecer un entorno de seguridad y tranquilidad para los operadores. La presencia de delincuentes y grupos violentos impide que los proyectos formales avancen, generando riesgos que afectan tanto la inversión como la operación diaria. Además, se requieren ajustes en el proceso de otorgamiento de permisos de exploración, para que sea más ágil y transparente. Estos cambios no solo acelerarían la toma de decisiones, sino que también fortalecerían la confianza de los inversores extranjeros y nacionales.
Para el lector peruano, este panorama revela que la minería no es solo un tema de producción, sino de política pública y desarrollo social. La presencia de grandes recursos mineros no es suficiente si no se acompañan de políticas que garanticen seguridad, transparencia y acceso equitativo. Los peruanos deben entender que el crecimiento económico en este sector está ligado a la capacidad del Estado para gestionar de forma eficaz y ética los recursos naturales, transformándolos en bienes comunes y empleos reales. El futuro de la minería en el Perú dependerá, en última instancia, de cómo se equilibren las expectativas económicas con los derechos sociales y ambientales de las comunidades afectadas.