Según Gestión, el gobierno peruano y Estados Unidos avanzan en un nuevo acuerdo de cooperación centrado en la energía nuclear civil. El memorando fue firmado ayer por Thomas DiNanno, subsecretario de Estado para el Control de Armas y la Seguridad Internacional, y Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas. El texto establece como objetivo inicial el fortalecimiento del marco regulatorio y el desarrollo técnico de la energía nuclear en el país. Shinno confirmó que el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) ha definido una línea de tiempo que prevé la incorporación de esta fuente en la matriz energética para 2040.
DiNanno destacó que el programa First de Estados Unidos, dedicado a la infraestructura en tecnología de reactores modulares pequeños, ofrecerá un apoyo técnico y capacitación valorado en US$ 1 millón. Este apoyo busca acelerar el proceso de implementación, aunque el funcionario indicó que el objetivo no es solo mantener el plazo actual, sino reducirlo en al menos una década. En su exposición, explicó que las exigencias de seguridad en Estados Unidos son el estándar global, y que la tecnología puede adaptarse a múltiples sectores del Perú, como centros de datos, puertos, instalaciones militares y explotaciones mineras.
El compromiso no se limita a la transferencia de tecnología, sino que implica un enfoque estructural que reconfigura el calendario de desarrollo energético. Aunque el objetivo de 2040 permanece, el impulso del programa First podría desplazar esa meta hacia los años 2030. La inversión no solo busca modernizar la infraestructura, sino también garantizar la sostenibilidad y la seguridad en la generación de energía.
Para el lector peruano, este avance representa una oportunidad estratégica. En un contexto donde el acceso a fuentes energéticas limpias y seguras es clave para el crecimiento económico y la resiliencia, la integración de la energía nuclear puede transformar la matriz energética nacional. Aunque el proceso requiere tiempo y ajustes institucionales, el apoyo directo de Estados Unidos, con un monto claro y un plazo definido, ofrece un pilar de confianza. Es un paso concreto que puede acelerar la transición energética, especialmente en sectores que aún dependen de combustibles fósiles. Sin embargo, también implica desafíos en regulación, formación técnica y gestión ambiental. El éxito dependerá de cómo el gobierno peruano convierta este acuerdo en una política real, coordinada y sostenible.