Según Gestión, en su primer día de gestión, la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, se reunió con su gabinete, liderado por el primer ministro Luis Galarreta, para presentar una serie de propuestas legislativas delegadas. Entre ellas, se destaca el pedido de facultades para modificar el régimen de días no laborables y reducir su cantidad, con el objetivo de optimizar su uso y fomentar la productividad en el sector económico. El proyecto, detallado por la Presidencia del Consejo de Ministros, será analizado en la próxima sesión y luego será sometido al Congreso de la República.
La iniciativa abarca múltiples áreas estratégicas, como la lucha contra la inseguridad, el impulso a la formalización de microempresas, la mejora en el entorno laboral y la promoción del empleo, así como la simplificación de trámites administrativos y el desarrollo productivo. Sin embargo, una de las claves que resalta en el texto es el enfoque en los días no laborables. Estos no son equivalentes a los feriados nacionales. Mientras que los feriados son días de descanso remunerado obligatorio para todos los trabajadores, los días no laborables suelen aplicarse en sectores públicos y se compensan mediante horas adicionales.
En el Perú, los feriados nacionales se mantienen fijos y están establecidos en fechas específicas: 1 de enero (Año Nuevo), 2 de abril (Jueves Santo, 2026), 3 de abril (Viernes Santo, 2026), 1 de mayo (Día del Trabajo), 7 de junio (Batalla de Arica y Día de la Bandera), 29 de junio (San Pedro y San Pablo), 23 de julio (Día de la Fuerza Aérea del Perú), 28 de julio (Fiestas Patrias), 29 de julio (Fiestas Patrias), 6 de agosto (Batalla de Junín), 30 de agosto (Santa Rosa de Lima), 8 de octubre (Combate de Angamos), 1 de noviembre (Día de Todos los Santos), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho). Finalmente, 25 de diciembre (Navidad).
Este enfoque de reducción no busca eliminar feriados, sino ajustar el número de días no laborables, especialmente en sectores donde su uso ha sido frecuente pero poco eficiente. Para el peruano promedio, esto implica un cambio en la estructura del tiempo laboral. Si bien se trata de una medida que busca dinamizar la economía, también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre productividad y derechos laborales. En contextos donde muchos trabajadores dependen de días no laborables para gestionar sus horarios, la propuesta podría afectar su estabilidad. El sector privado, en particular, podría enfrentar mayores desafíos en la adaptación, mientras que el Estado debe garantizar que las modificaciones no comprometan la equidad o el bienestar social.
El proyecto, aunque aún en etapa inicial, refleja una tendencia global de reevaluar los tiempos laborales para mejorar la eficiencia. Para el peruano, que vive en un entorno donde el trabajo es central en su vida diaria, esta propuesta representa una decisión que debe ser analizada no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el compromiso con los derechos laborales y la calidad de vida.