Según Gestión, diputados de Juntos Por el Perú y Ahora Nación han presentado iniciativas legislativas para revisar los beneficios fiscales otorgados por la Ley 32434, conocida como la nueva Ley Agraria. Las propuestas, presentadas en agosto y en una semana posterior, buscan restringir el acceso a incentivos tributarios, aunque con distintos alcances. Analí Márquez, de JP, sugiere ajustar los artículos 3 y 4 de la norma, estableciendo un umbral de ingresos anuales: empresas que superen 150 UIT (equivalente a S/ 825 mil) hasta 2,300 UIT (S/ 12.6 millones) no serían consideradas “empresas agrarias” para acceder a los beneficios. Además, plantea que productores con ingresos netos superiores a S/ 12.6 millones no puedan recibir ningún tipo de incentivo fiscal. Sin embargo, su iniciativa no busca eliminar la ley en su totalidad, sino modificar su aplicación.
Por su parte, César Holguín, de Ahora Nación, propone derogar específicamente los artículos 12, 13 y 14. Estos establecen una reducción del Impuesto a la Renta (IR) a un 15% entre 2026 y 2035, un régimen especial de depreciación hasta 2035 y una deducción por compras a pequeños productores. Su enfoque es más restrictivo: no solo limita el acceso, sino que elimina completamente estos beneficios para sectores que superan el umbral de ingresos. A través de una disposición complementaria, busca redefinir quién puede acceder a la norma, con criterios más estrictos que los de Márquez.
La diferencia entre ambas propuestas radica en su enfoque institucional: una busca ajustar la aplicación, la otra, derogar los beneficios clave. Ambas, sin embargo, responden a una preocupación creciente sobre el uso de incentivos fiscales para sectores agrarios. En el contexto peruano, donde más de 70% de la población depende en parte de la producción agrícola, estas medidas podrían afectar directamente a pequeños productores, a la cadena de valor rural y a la sostenibilidad de la economía local.
Para los peruanos que trabajan en el sector rural, especialmente en zonas de alta dependencia agrícola, estas propuestas implican un cambio significativo en el entorno fiscal. Si se aprueban, podrían reducir la capacidad de inversión en tierras, afectar la viabilidad de nuevas empresas agrícolas y disminuir la rentabilidad de pequeños productores. La pregunta clave no es si los beneficios son adecuados, sino si se aplican de manera equitativa y sostenible. En un país donde la agricultura representa más del 30% del PIB, cualquier ajuste fiscal debe considerar el impacto real en la población rural y en la seguridad alimentaria.