Según Gestión, una iniciativa legislativa presentada por Guido Bellido, congresista de Podemos Perú, busca permitir que municipios provinciales reorganicen la prestación de servicios de saneamiento mediante la creación de nuevas empresas prestadoras de servicios (EPS). Esta propuesta, conocida como el proyecto de ley PL 14508/2025-CR, solo se activaría en casos donde el servicio de agua no se ofrezca o se brinde en condiciones defectuosas. La norma prevé que, bajo el respaldo técnico de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), las autoridades locales puedan establecer nuevas EPS o aplicar un proceso llamado escisión, que consiste en dividir una entidad en unidades operativas independientes.
Actualmente, el Decreto Legislativo N° 1280 prohíbe la división de empresas de agua, conforme al artículo 18. Si el proyecto de ley es aprobado, se modificaría esa disposición, permitiendo mecanismos excepcionales para reestructurar las operaciones. La intención principal es ampliar el alcance de los servicios en áreas donde el abastecimiento de agua está fallando. Esta medida busca corregir una realidad crítica: el actual sistema peruano cuenta con 50 EPS nacionales, de las cuales solo una se encuentra en Lima, y las demás están distribuidas a través del país. Según Milton von Hesse, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el problema principal no es la falta de servicios, sino que las empresas son demasiado pequeñas y fragmentadas, lo que dificulta su eficiencia y sostenibilidad.
La escisión no se trata de una acción aislada, sino de una estrategia para reforzar la gestión local. Al separar las operaciones en unidades más dirigidas, se esperaría una mejora en la calidad, el mantenimiento y la respuesta ante fallos. Sin embargo, el riesgo reside en que, si no se gestionan adecuadamente, estas nuevas estructuras podrían generar nuevas brechas de acceso o duplicar costos. El fracaso en la integración de los servicios ha sido recurrente en zonas rurales y periféricas, donde los sistemas de agua son más vulnerables a los impactos de obras públicas o cambios en el uso del suelo.
Para el lector peruano, esta propuesta tiene un alto potencial de impacto directo. Mientras que las zonas urbanas pueden contar con servicios más estables, muchas comunidades rurales y periféricas aún enfrentan interrupciones o ausencia total de agua. Si se aprueba esta medida, podría abrir la vía para que las municipalidades gestionen mejor sus servicios, especialmente en contextos donde las obras de infraestructura han dañado redes de gas, agua o luz. Pero también exige una supervisión rigurosa para evitar que el fraccionamiento de las EPS agravé la ineficiencia o genere nuevas desigualdades. El éxito dependerá no solo de la ley, sino de cómo se implemente y se controle en el terreno.