Segun Gestión, el Gobierno de Perú presentó un proyecto de ley al Congreso de la República el viernes 28 de agosto, solicitando facultades legislativas para modificar el tratamiento de los bonos vinculados al desempeño en el sector privado. Este instrumento busca resolver una brecha jurídica que ha generado incertidumbre en las empresas sobre cómo reconocer formalmente estos incentivos. Actualmente, los esquemas de compensación basados en resultados quedan en una zona de riesgo: aunque técnicamente posibles, su interpretación legal es ambigua, lo que lleva a que las organizaciones los implementen de forma informal o los eviten por miedo a sanciones.
El objetivo central del proyecto es establecer un marco regulatorio claro y aplicable para que las empresas puedan otorgar bonos de productividad sin que estos tengan un carácter remunerativo. Esto implica que los pagos no se incluirán en el cálculo de sueldo, lo cual podría permitir que las empresas incentive el rendimiento sin afectar directamente la base salarial. El análisis del ejecutivo señala que la productividad laboral peruana se encuentra entre las más bajas de América Latina, y que la falta de un marco legal sólido obstaculiza el uso eficaz de herramientas de gestión.
El proyecto propone seis metas específicas: primero, incluir el bono por resultados en el catálogo legal de conceptos no computables, modificando las normas vigentes. Segundo, establecer criterios objetivos, medibles, comunicados por escrito y aplicados de forma uniforme. Tercero, garantizar que los incentivos se otorguen de manera transparente y previsibles. Cuarto, definir límites claros sobre el monto que puede ser asignado. Quinto, asegurar que los procesos de evaluación estén alineados a indicadores de desempeño verificables. Sexto, permitir que el sistema se adapte a distintos contextos empresariales sin perder coherencia.
Para el lector peruano, este cambio representa una oportunidad clave para reestructurar las relaciones laborales. Muchas empresas, especialmente en sectores como manufactura o servicios, han buscado incentivar el rendimiento, pero han enfrentado dificultades por el miedo a incumplir la ley o a enfrentar conflictos por el tratamiento de estos pagos. Con un marco legal definido, se reduciría el riesgo de malentendidos, y las empresas podrían implementar políticas más eficaces sin exponerse a sanciones. Además, los trabajadores podrían ver un mayor reconocimiento de su desempeño, sin que esto se traduzca en una carga financiera directa. Este enfoque busca no solo mejorar la productividad, sino también fortalecer la confianza entre empleadores y empleados en un contexto de crecimiento económico.