Según Gestión, en su primera sesión de Consejo de Ministros el miércoles 29 de julio, el Ejecutivo presentó una primera versión de proyecto de ley que busca delegar facultades al Congreso de la República por un periodo de 120 días calendarios. La iniciativa, cuyo objetivo es impulsar la seguridad ciudadana y el crecimiento económico, será evaluada en la próxima reunión del gabinete ministerial. El documento, compuesto por nueve páginas, establece ajustes en siete áreas estratégicas que impactan directamente el funcionamiento de la economía nacional: seguridad ciudadana, formalización de emprendimientos, creación de empleos, desarrollo productivo, simplificación de trámites estatales, modernización del Estado y reforma tributaria y aduanera.
En el ámbito tributario, la propuesta se articula en cuatro componentes fundamentales. Primero, se propone modificar, simplificar y optimizar los regímenes tributarios, acompañados de mecanismos como incentivos, exoneraciones, créditos, deducciones y tratamientos especiales o temporales. Segundo, se busca perfeccionar la Ley del Impuesto a la Renta, incluyendo el reconocimiento de deducciones por gastos de capacitación de personal y la asignación de créditos fiscales para contratación de jóvenes y programas de formación. Estos elementos responden a una declaración oficial sobre el desempleo juvenil como una problemática crítica que afecta al país.
Además, el proyecto reconoce que la formalización de emprendimientos no puede entenderse como un ejercicio aislado. El gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Carlos Gallardo, destacó que la propuesta integra aspectos esenciales para cualquier estrategia de formalización, como la simplificación de procesos y la creación de incentivos para el crecimiento empresarial. Estas medidas buscan romper barreras que limitan el acceso de microempresas y pequeños negocios al sistema formal.
Para el lector peruano, esta propuesta representa una oportunidad clave para transformar el entorno empresarial y laboral. Si se implementa con eficacia, podría acelerar la inclusión de sectores informales, reducir la brecha entre empleo y formación, y fortalecer la base productiva del país. Sin embargo, su éxito dependerá de la coordinación entre sectores públicos y privados, así como de la capacidad de ejecutar cambios estructurales sin generar tensiones en el sistema fiscal. En un contexto de inflación y crecimiento moderado, estas reformas podrían ser un pilar clave para estabilizar la economía y generar empleo sostenible, especialmente en zonas rurales y periféricas donde la informalidad es más evidente.