Segun Gestión, en su primera reunión de Consejo de Ministros el miércoles 29 de julio, el Ejecutivo presentó una primera versión de proyecto de ley que busca delegar facultades al Congreso de la República por un periodo de 120 días calendarios. La iniciativa, cuya finalidad es impulsar la seguridad ciudadana y el crecimiento económico, será evaluada en la próxima sesión del gabinete ministerial, aunque sin definirse aún la fecha de su aprobación. El documento de nueve páginas identifica siete áreas estratégicas con impacto directo en el funcionamiento de la economía nacional: seguridad ciudadana, formalización de emprendimientos, generación de empleo, desarrollo productivo, simplificación de trámites estatales, modernización del Estado y reforma tributaria y aduanera.
En el ámbito fiscal, el proyecto aborda cuatro líneas centrales. Primero, propone modificar, simplificar y optimizar los regímenes tributarios y las obligaciones formales, incorporando incentivos, exoneraciones, créditos, deducciones y tratamientos especiales. Segundo, busca perfeccionar la Ley del Impuesto a la Renta, incluyendo la deducción de gastos de capacitación para personal y créditos fiscales por contratación de jóvenes y programas de formación. Estos elementos están directamente conectados con el reconocimiento oficial del problema de desempleo juvenil, señalado en el discurso nacional del presidente.
Además, la propuesta contempla la desregulación de trámites administrativos, con el objetivo de reducir barreras para el inicio de empresas y la expansión de actividades económicas. Se enfatiza también la necesidad de fortalecer la formalización de emprendimientos, ya que este proceso permite mayor transparencia, acceso a créditos y mejora en la eficiencia del mercado laboral. La modernización del Estado se posiciona como eje clave para acelerar la gestión pública y reducir tiempos de trámites que actualmente generan frustración en sectores privados.
Para los peruanos, esta propuesta representa una oportunidad para transformar el entorno empresarial y laboral. Si se logra una ejecución efectiva, podría acelerar la creación de empleos, especialmente en zonas rurales y de bajos ingresos. Sin embargo, el éxito dependerá de cómo se gestionen los nuevos mecanismos tributarios, que deben equilibrar la generación de ingresos con la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas. El desafío no está en la formulación, sino en su implementación sin generar desequilibrios en el sistema financiero ni afectar a las familias más vulnerables.
El contexto actual, marcado por una alta tasa de desempleo juvenil y una economía en proceso de reactivación, hace que este proyecto sea clave para el desarrollo sostenible del país. Si se ejecuta con transparencia y participación ciudadana, puede convertirse en un pilar fundamental para la inclusión económica.