Segun Gestión, el Gobierno peruano presentó en medio de octubre del 2026 una iniciativa legislativa destinada a regular la minería artesanal y pequeña, conocida como Ley MAPE. Durante una sesión ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, detalló que tras 14 años de esfuerzos por formalizar esta actividad, los resultados no han alcanzado las expectativas iniciales. La propuesta busca crear un marco jurídico integral que abarque desde la autorización hasta la supervisión, trazabilidad y promoción de operaciones a escala reducida.
La norma establece dos categorías para los actores del sector. La primera corresponde al régimen ordinario, que requiere obtener todos los permisos previos antes de iniciar actividades. La segunda, denominada régimen de consolidación, está destinada a quienes cuenten con registro vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Este proceso de formalización tendrá una vigencia de 18 meses, concluyéndose el 30 de junio de 2028. El ministro insistió en que la simplificación del trámite, centrado únicamente en actividades de escala pequeña, permitirá alcanzar el objetivo dentro del plazo establecido.
Importante aclarar que la Ley MAPE no suprime ni modifica otras normativas vigentes. Se mantiene el respeto al patrimonio cultural, a los parques nacionales, bosques y comunidades indígenas, así como el principio de consulta previa. Este punto fue reforzado por Shinno, quien subrayó que el proyecto busca precisar los límites y obligaciones sin vulnerar derechos colectivos.
Para los operadores del sector, la norma introduce un nuevo mecanismo de responsabilidad administrativa en contratos. Este enfoque busca garantizar que las operaciones se realicen bajo un marco de cumplimiento, con cláusulas claras que vinculen las acciones de los actores con sus obligaciones ambientales y sociales. La medida no busca ampliar la actividad, sino organizarla de forma sostenible y transparente.
En el contexto peruano, donde la minería artesanal representa una actividad clave para la economía regional y empleo local, esta ley representa una oportunidad para dar estabilidad a una cadena productiva histórica. A pesar de los retos estructurales, como la falta de infraestructura o la presión ambiental, el enfoque en formalización con escala reducida puede ayudar a reducir riesgos sin comprometer el acceso de comunidades rurales a sus recursos. Para pequeños propietarios, el régimen de consolidación podría ser un paso clave para integrarse al sistema sin necesidad de reiniciar desde cero. La transición gradual, acompañada de supervisión estricta, podría convertirse en un modelo viable para otras regiones del país.