Segun Gestión, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), ha movilizado más de S/ 92 millones en financiamientos distribuidos en 18 departamentos. Este apoyo se enfoca en proyectos que consolidan el manejo ambiental de los bosques, impulsa cadenas productivas forestales y fortalece el desarrollo rural. Las inversiones se han canalizado principalmente a través del Programa de Incentivos Forestales (PIF), que ha desembolsado S/ 41 millones para apoyar plantaciones forestales, asistencia técnica y mecanismos de incentivo. Este esfuerzo ha impactado indirectamente a más de 19,000 personas provenientes de 10,000 familias rurales, organizadas en 100 comunidades, microempresas y cooperativas ubicadas en Áncash, Cajamarca, Junín, Huánuco, Pasco, San Martín y Madre de Dios. En ese contexto, se han sembrado 3.5 millones de árboles con fines comerciales, cubriendo aproximadamente 3,100 hectáreas.
El PIF también prevé invertir cerca de S/ 27 millones para cofinanciar iniciativas forestales en al menos 39 organizaciones de productores de los departamentos de Loreto, Ucayali, Junín, Pasco y Madre de Dios. Este apoyo busca impulsar actividades económicas sostenibles en más de 740 mil hectáreas de bosques. El director ejecutivo del Serfor, Erasmo Otárola, destaca que "la inversión sostenible convierte la conservación de los bosques en oportunidades de desarrollo, generando empleo, fortaleciendo negocios forestales y mejorando los medios de vida de las familias rurales". A través de mecanismos como créditos directos a través de Agroperú, el Serfor ha facilitado más de S/ 24 millones para el acceso de productores a financiamiento.
Para el lector peruano, este escenario representa una oportunidad estratégica de participación en sectores que van más allá del consumo: la economía forestal. Mientras muchos sectores del país enfrentan presiones por la escasez de empleo y la informalidad en el desarrollo rural, las iniciativas del Serfor ofrecen un modelo viable que combina protección ambiental con crecimiento económico. Las comunidades rurales, especialmente en zonas de alto riesgo ambiental, pueden beneficiarse de nuevas fuentes de ingresos sin comprometer el equilibrio ecológico. Además, la inversión en plantaciones y negocios forestales permite reducir la dependencia de actividades extractivas y promueve un modelo de desarrollo más resiliente. En un contexto donde las políticas públicas buscan equilibrar crecimiento y sostenibilidad, el bosque no es un recurso a explotar, sino un eje clave para la transformación rural y la inclusión social.