Según Gestión, las zonas más vulnerables del Perú, especialmente aquellas afectadas por la actividad minera ilegal, están siendo objeto de una intensificación de operativos de interdicción. Desde 2024 hasta 2026, el número de intervenciones mensuales ha aumentado de 62 a más de 130, según cifras oficiales de la Comisión para el Combate de la Minería Ilegal del Consejo de Ministros. En total, más de 2.300 operativos han sido ejecutados en los últimos dos años, con decomisos valorizados en más de siete mil millones de soles. Este crecimiento evidencia una escalada en la presencia de actividades ilegales en regiones donde la regulación se ve limitada por la falta de registro formal.
El sistema de formalización minera, conocido como Reinfo, está a punto de culminar su proceso de registro en diciembre de 2026. A pesar de esta estructura, muchos operadores mineros no han sido incluidos en el sistema, lo que impide que las autoridades realicen controles efectivos en sus actividades. Esto genera una brecha entre el marco legal y la práctica operativa, dejando a numerosas comunidades en zonas rurales expuestas a riesgos ambientales y sociales. La maquinaria utilizada por estos operadores, que es incautada por organismos como la Policía o el Ministerio Público, no es ahora destinada conforme a un marco claro de trazabilidad ni de uso público.
Juntos por el Perú ha presentado un proyecto de ley que busca establecer un proceso de recuperación y destino público de la maquinaria pesada incautada. El objetivo es evitar que los bienes sean destruidos sin una evaluación previa, lo cual ha sido criticado por su impacto ambiental y económico. Este enfoque busca una transición de la eliminación directa a una gestión más sostenible, permitiendo que los equipos sean reutilizados o redistribuidos para fines sociales o productivos. La propuesta, aunque ya fue evaluada en el 2023 sin éxito, ahora se retoma con mayor enfoque institucional.
Para los habitantes de regiones como Madre de Dios, Pataz o los valles del norte, el avance de la minería ilegal representa una amenaza constante. La falta de registro formal no solo afecta la seguridad, sino que también limita el acceso a servicios básicos y a oportunidades de desarrollo económico. Si bien las operaciones de interdicción siguen creciendo, una política más estructurada sobre el destino de la maquinaria podría convertirse en un pilar clave para equilibrar la lucha contra la ilegalidad y el crecimiento sostenible de las comunidades afectadas. En este contexto, el Perú debe considerar no solo la eliminación de equipos, sino también su reutilización como herramienta de inclusión social y recuperación local.