Según Gestión, la inversión en Perú creció significativamente frente al promedio de sus vecinos en América Latina, destacando un crecimiento acelerado en el panorama financiero del país. Aunque los datos no detallan el monto exacto de dicho crecimiento, el desempeño se posiciona como uno de los más dinámicos de la región. En el contexto electoral, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, alcanzó el 100% de las actas contabilizadas por la ONPE el lunes 29 de junio, obteniendo 9,223,396 votos, un incremento de 49,641 respecto a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) tras tres semanas de votaciones. Su plan de gobierno, compuesto por casi 140 páginas, centra su estrategia en el ámbito económico, con enfoques claros para reestructurar el manejo del presupuesto y fortalecer la eficiencia institucional.
Uno de los pilares centrales del programa es garantizar la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y respetar los contratos establecidos en el sistema financiero. El plan prioriza una consolidación fiscal, argumentando que el déficit fiscal ha mantenido una tendencia alejada de la regla fiscal, lo que ha generado una percepción negativa sobre la capacidad del Estado para invertir en servicios básicos y responder a las necesidades reales de la población. Para superar esta situación, se propone una gestión del gasto público más eficiente, eliminando gastos innecesarios y reorientando los recursos hacia sectores clave que generen mayor productividad.
Además, se prevé una reforma en la administración tributaria, con el objetivo de ampliar la base impositiva y mejorar la recaudación, sin incrementar la carga sobre los sectores formales ya contribuyentes. Este enfoque busca mantener la estabilidad de los negocios mientras se fortalece el financiamiento público. Fujimori también plantea eliminar más de 500 procedimientos administrativos redundantes y unificar normativas dispersas, lo que podría reducir burocracia y acelerar procesos de operación en sectores clave.
Para los peruanos, este enfoque económico representa una oportunidad de reestructurar la relación entre el Estado y los ciudadanos. Si se logra una gestión fiscal responsable y una administración más ágil, se podría fortalecer la confianza en el sistema financiero, reduciendo riesgos en el acceso a servicios públicos y fomentando un entorno más favorable para la inversión. Sin embargo, el éxito dependerá de la capacidad de ejecutar estos cambios sin comprometer la equidad o la estabilidad social. La inversión en el sector privado y la transparencia en el manejo del presupuesto serán claves para que esta propuesta no solo se mantenga en el plano político, sino que se convierta en una realidad tangible para la mayoría de los peruanos.