Según Gestión, el gobierno de Keiko Fujimori ha anunciado la solicitud al Congreso de facultades para legislar en temas económicos y laborales, con enfoque específico en el empleo juvenil. El proyecto incluiría medidas para fomentar la inserción laboral de jóvenes, como programas de formación, acceso a vacantes, mecanismos de contratación y apoyo financiero. Además, se propone establecer créditos tributarios temporales para empresas que contraten a jóvenes o inviertan en capacitación, así como reglas más definidas para deducir inversiones en formación humana. También se consideraría un sistema de subsidios para la protección social juvenil y el financiamiento de estudios. Si el proyecto es aprobado, abriría una vía normativa para abordar una de las problemáticas más arraigadas del mercado laboral peruano.
El panorama actual de empleo juvenil revela una brecha significativa. De los jóvenes entre 14 y 24 años que tienen trabajo, el 84,8% lo realiza en condiciones informales, una cifra que supera en 15 puntos el promedio nacional de informalidad (69,8%). Solo un tercio de ellos cuenta con empleo adecuado, es decir, jornada completa o ingresos por encima del mínimo. El desempleo juvenil alcanza casi el doble del promedio nacional: 9,6% frente a 5,1%, lo que implica que unos 272.000 jóvenes buscan trabajo sin lograrlo. En Lima Metropolitana, esta tasa se acerca a 15%. Entre 2019 y 2024, el empleo juvenil disminuyó un 4%, con más de 160.000 jóvenes que dejaron de trabajar, de los cuales cerca de 90.000 ya no buscan empleo. En contraste, el empleo de personas de 30 años o más creció un 6%. El 47,7% de los jóvenes identifica la falta de experiencia como principal obstáculo para acceder al trabajo. Por su parte, el 63% de los empleadores no logra llenar sus puestos vacantes, según datos de ManpowerGroup. Además, el 17,4% de jóvenes de 15 a 29 años no estudian ni trabajan. El aumento de este grupo se concentra mayormente en hogares vulnerables, y la participación femenina en este segmento (23,3%) es más elevada que la media.
Para los lectores peruanos, este contexto plantea una realidad crítica: el sistema laboral no solo carece de mecanismos inclusivos, sino que también refleja una desigualdad estructural. Muchos jóvenes no solo no tienen acceso a empleos estables, sino que también enfrentan barreras culturales y educativas que limitan su inserción. Las políticas públicas deben ir más allá de la simple regulación y centrarse en crear canales reales de acceso a formación y empleo. En un país donde el crecimiento económico se mide por el empleo, el desarrollo juvenil no es solo una prioridad, es una necesidad para la sostenibilidad social. Sin intervenciones efectivas, el ciclo de exclusión seguirá intacto, afectando no solo a los jóvenes, sino al futuro del crecimiento económico general.