Según Gestión, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) presentó un proyecto de Decreto Supremo que introduce la Declaración Jurada Ambiental para Exploración Minera (DJA), como mecanismo para agilizar los procesos de evaluación ambiental en iniciativas de exploración. Esta herramienta se aplica exclusivamente a proyectos con impacto ambiental no significativo, limitados a hasta 10 plataformas de perforación y una superficie máxima de 5 hectáreas. Además, dichos proyectos deben excluir zonas como Áreas Naturales Protegidas y cuerpos de agua natural, cumpliendo con criterios territoriales definidos. La aprobación de la DJA se da desde la presentación, siempre que se incluyan un expediente completo y un taller participativo previo. Posteriormente, el proyecto estará bajo supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), garantizando una revisión continua.
La iniciativa fue bien recibida por expertos del sector. Luis Miguel Incháustegui, extitular del Minem, destacó que las empresas mineras habían solicitado por años un procedimiento más ágil, ya que muchas optaban por trámites más complejos, incluso cuando su escala de impacto era baja. Para él, la DJA representa un avance clave en la eficiencia del sistema de regulación minera. Asimismo, Sebastián Linares, abogado en derecho ambiental, señaló que esta norma busca evitar que proyectos pequeños se atrapan en trámites que no reflejan su real impacto. Sin embargo, el éxito de esta vía depende de que el titular del proyecto verifique con rigor, antes de presentar, si cumple con todos los requisitos.
Para los inversionistas y operadores del sector peruano, esta medida puede traducirse en mayor fluidez en la toma de decisiones. Los proyectos de exploración, que antes requerían largos procesos administrativos, podrían ahora iniciarse más rápidamente, especialmente en zonas no sensibles ambientalmente. Esto favorece la entrada de nuevas empresas, especialmente en regiones como el Cusco, Ayacucho o Puno, donde se han registrado iniciativas de minería de baja escala. Aunque la DJA no reemplaza el análisis ambiental completo, su implementación puede abrir espacio para un crecimiento más sostenido y equilibrado del sector.
En un contexto donde el Perú busca consolidar su posición como país de alta diversidad minera, esta herramienta podría impulsar el desarrollo de nuevas zonas productivas sin comprometer la protección ambiental. Para inversores, el mensaje es claro: el sistema está evolucionando para ser más eficiente, pero también más responsable. El resultado dependerá de cómo se aplican las normas en la práctica, y de la transparencia con que se gestionen los casos. El Minem, bajo la liderazgo de Guillermo Shinno, ahora debe asegurar que esta iniciativa no se limite a la teoría, sino que se convierta en una realidad operativa para el sector.