Según Gestión Tu Dinero, en un escenario de sismos intensos, el riesgo de colapso de edificios en Perú permanece elevado debido a la ubicación del país en una zona tectónica activa. Casos recientes en Venezuela y Colombia han demostrado que estructuras residenciales pueden perderse completamente en eventos de gran magnitud. En este contexto, la situación legal de los propietarios que quedan sin su vivienda genera incertidumbre. Luis Francisco Paz, especialista en bienes inmobiliarios de Pérez-Llorca, señaló que actualmente no existe una normativa específica que defina qué ocurre con la propiedad horizontal cuando una construcción se derrumba. “La propiedad horizontal desaparece en ese momento, quedando solo el terreno”, explicó. Como bien común, el terreno seguiría bajo un régimen de copropiedad, asignado a los propietarios según su porcentaje de participación original en el condominio. Este principio se encuentra en un proyecto de reglamento del Ministerio de Vivienda de 2024, que establece que, en caso de demolición, se genera una copropiedad sobre el terreno, proporcional a las cuotas de participación previas, salvo que exista un acuerdo unánime escrito en contrario.
Este vacío legal, aunque actualmente no está resuelto, podría cerrarse cuando se publique oficialmente el reglamento del Decreto Legislativo N° 1568, que aún no ha sido emitido. El marco normativo propuesto permite una transición clara en el manejo del bien común tras un desastre. Para los copropietarios, el terreno liberado por el colapso ofrece tres opciones estratégicas: venderlo a una constructora o inmobiliaria para reactivar un proyecto de viviendas, utilizarlo para desarrollar un nuevo edificio o transformarlo en terreno de uso comercial. La opción más viable, según expertos, es la primera: vender el terreno a un operador con capacidad financiera, que luego puede invertir en un nuevo desarrollo. Esta solución permite recuperar parte del valor original de la inversión y reestructurar el patrimonio inmobiliario.
Para los peruanos que viven en zonas de alto riesgo sísmico, este escenario representa una realidad que debe considerarse en sus decisiones de inversión y vivienda. No solo es clave tener una vivienda segura, sino también entender cómo se distribuye el valor en caso de desastre. La falta de una normativa clara hoy exige que los propietarios estén informados y, en algunos casos, actúen con anticipación. Aunque el colapso de un edificio es una tragedia, el marco legal que podría surgir en el futuro ofrece una vía de recuperación estructurada. Así, el conocimiento de estos mecanismos puede convertirse en una herramienta de protección financiera, especialmente en contextos donde la vulnerabilidad sísmica es constante.