Segun Gestión, el Banco de Estados Unidos para la Región Andina (BofA) ha identificado que el escenario económico peruano, aunque resiste a fluctuaciones, enfrenta presiones significativas en el ámbito de las finanzas públicas. A pesar de que el crecimiento anual se mantiene estimado en 3.8%, el análisis del primer trimestre revela una expansión interna de 6.6% en la demanda, con inversiones privadas que crecieron más del 100% y el sector minero que registró una subida superior al 40%. Este dinamismo se mantiene incluso frente a desafíos como la crisis del gas natural y el recrudecimiento de la guerra en Irán, cuya evolución podría reactivar el interés internacional por mercados emergentes como el peruano.
El gasto corriente, particularmente por el pago de personal, se ha posicionado como una amenaza estructural. Este componente, que actualmente representa una parte importante del presupuesto, muestra una tendencia que podría acelerar el déficit fiscal si no se reestructura. El BofA ha señalado que, en el contexto de elecciones, ciertas propuestas de gobierno —como la posibilidad de una Asamblea Constituyente— mantienen un nivel de alerta. Aunque no han sido anunciadas aún, su implementación podría generar inestabilidad en el marco institucional, afectando la continuidad de políticas económicas.
Los indicadores de confianza empresarial, según el último reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), han registrado una caída en la proyección de crecimiento a tres meses, alcanzando por primera vez en dos años niveles pesimistas. Sin embargo, otros datos clave, como el comportamiento de las exportaciones o la estabilidad de los precios, siguen en zona positiva. Esto sugiere que el sector privado, aunque más cauteloso, no ha dejado de invertir, lo cual es clave para mantener el impulso del crecimiento.
Para los peruanos, este panorama implica una realidad compleja: el crecimiento económico continúa activo, pero está condicionado por decisiones políticas que pueden afectar la estabilidad financiera. Si el gobierno decide ampliar gastos corrientes sin un plan claro de sostenibilidad, podría derivar en una mayor presión sobre el presupuesto público. Además, la incertidumbre electoral, aunque no se ha materializado aún, puede disminuir la confianza de inversionistas extranjeros y empresas locales. En un contexto donde el sector minero ya opera con altos precios, cualquier inestabilidad podría desincentivar futuras inversiones. Por eso, es vital que las propuestas de gobierno no solo promuevan desarrollo, sino que también garanticen el equilibrio entre crecimiento y responsabilidad fiscal. El Perú, con su historia de resiliencia, puede seguir avanzando —pero solo si los actores clave gestionan con precisión el riesgo político y financiero.