Según Gestión, el Perú se posiciona como uno de los países más vulnerables en América Latina ante la combinación de un crecimiento económico limitado a un techo del 4%, un aumento constante en delincuencia y la creciente probabilidad de que el Fenómeno El Niño alcance una magnitud "extraordinaria". Este escenario, que se ha intensificado en las últimas semanas, exige respuestas inmediatas y coordinadas. Los expertos analizan que las prioridades gubernales en los próximos doce meses deben centrarse en dos ejes clave: la gestión del impacto climático y la reducción de la delincuencia.
El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James Callao, resalta la urgencia de establecer políticas claras y rápidas. Su enfoque pone el énfasis en la necesidad de comunicar una estrategia nacional que otorgue estabilidad a ciudadanos y empresarios. Para ello, propone la designación inmediata de un responsable encargado de coordinar las acciones frente al Fenómeno El Niño y de la lucha contra la delincuencia. No se aceptan dudas sobre la elegibilidad de quienes asuman estos roles. La transparencia en el diseño de sus planes es fundamental, y se exige que se defina una línea de acción concreta y visible para la población.
Jorge Zapata, representante de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), señala que el tiempo disponible para actuar es reducido. Las condiciones climáticas, según modelos previos, alcanzarán niveles críticos a partir de noviembre. Aunque el periodo aún no haya terminado, las acciones deben comenzar ahora. La entidad empresarial espera que el gobierno establezca un comité nacional que permita una coordinación efectiva entre sectores clave. Este organismo sería el encargado de articular las medidas frente a los riesgos que afectan tanto a la economía como a la seguridad social.
Para el lector peruano, este panorama representa una realidad tangible. Las comunidades rurales y costeras, en particular, enfrentan un riesgo creciente de sequías, inundaciones y desastres naturales. Al mismo tiempo, la delincuencia en zonas urbanas afecta directamente el bienestar de familias y el funcionamiento de mercados. La confianza en las instituciones se ve comprometida, y la percepción de inseguridad influye en la inversión y el desarrollo local. La respuesta del gobierno no solo debe ser técnica, sino también emocional y social. El mensaje inicial de la nueva presidenta no será solo un acto protocolario, sino un compromiso con la población frente a desafíos que no pueden esperar. El éxito de esta gestión dependerá de la claridad, la acción y la visibilidad en cada medida que se adopte.