Segun Gestión, al mayo de este año las concesiones mineras en Perú cubren 22 millones 673.016 hectáreas, representando el 17,6% del territorio nacional. Este dato se obtiene del Geoportal de CooperAcción, que registra un incremento de 2,6 millones de hectáreas en comparación con el año anterior, a pesar de que el volumen global de concesiones se ha mantenido estable en los últimos años. Las regiones más afectadas son Apurímac, con el 76,5% de su superficie en concesión; seguida por La Libertad (63,1%), Áncash (55,1%), Lima (48,8%), Moquegua (48%) y Arequipa (46,8%).
El investigador José de Echave de CooperAcción señala que, aunque las cifras actuales son positivas, aún no alcanzan el pico registrado en 2013, cuando el territorio nacional estaba sometido a más de 26 millones de hectáreas en concesión. Este escenario se intensifica por la actualidad del mercado minero: precios elevados de cobre, oro y plata han estimulado el interés empresarial por ampliar la exploración en el suelo nacional. El Observatorio de Conflictos Mineros indica que, en el primer semestre del año, se contabilizan 67 proyectos mineros activos, con un valor total de 64.000 millones de dólares. La región sur concentra el 64% de esta inversión, alcanzando poco más de 959.145 millones de dólares, principalmente en iniciativas cupríferas. El centro y el norte reparten el 18% restante, con 266.093 y 275.085 millones de dólares, respectivamente.
La inversión anual en el subsector minero para 2026 se sitúa en 1.500 millones de dólares, lo que representa un alza del 43,7% en comparación con el mismo periodo del 2025. Sin embargo, una advertencia clave emerge: la cartera actual no incluye megaproyectos como Las Bambas, la ampliación de Cerro Verde o Quellaveco. En su lugar, se observa una concentración de iniciativas de menor escala. Echave subraya que, de las 22 millones de hectáreas concesionadas, solo 2,3 millones están en uso efectivo. Esto sugiere una brecha entre el potencial de explotación y la realidad operativa.
Para el lector peruano, este panorama plantea una realidad compleja: el país ha heredado un sistema minero ampliado, pero sin el impulso de proyectos de alto impacto. Las regiones más afectadas, especialmente en el sur, enfrentan riesgos de sobreexplotación y conflictos sociales, mientras que las zonas centrales y norteñas no reciben el mismo nivel de inversión. El gobierno debe priorizar no solo la expansión de la actividad, sino también la gestión sostenible, el cumplimiento de derechos comunitarios y el diseño de políticas que equilibren el crecimiento económico con la protección ambiental y social. La clave está en convertir la inversión en resultados concretos, no en cifras acumuladas sin supervisión.