Según Gestión, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha identificado que Perú enfrenta una creciente brecha en infraestructura de 110.000 millones de dólares. Esta cifra se distribuye de forma específica: 44% para transporte, 20% para saneamiento, 4% para irrigación, 16% para salud, 7% para agua, 5% para telecomunicaciones y 2% para electricidad. El análisis se presenta en el marco de la Feria Internacional de Infraestructura y Construcción - INFRACON 2026, celebrada en Vidawasi, Urubamba (Cusco), donde Pablo Eguiluz, responsable de Infraestructura y Energía en BID Invest, destacó que los presupuestos públicos no pueden asumir por sí solos las inversiones necesarias para cubrir las demandas actuales y futuras.
La situación se acentúa por las limitaciones presupuestarias que enfrentan los gobiernos latinoamericanos, incluyendo el de Perú. Aunque las autoridades priorizan la estabilidad fiscal, las necesidades en sectores clave como energía, agua, salud y transporte siguen creciendo. Eguiluz enfatizó que el desarrollo sostenible requiere un cambio estructural en la forma de financiar la infraestructura: no se trata de reducir el papel del Estado, sino de reforzar su colaboración con el sector privado. La propuesta es trasladar una mayor parte del financiamiento del desarrollo de los balances soberanos hacia el capital privado, con el objetivo de generar alianzas estratégicas, no sustituir a los gobiernos.
Este escenario plantea una oportunidad crítica para el Perú. A medida que la región atraviesa transformaciones estructurales —como la reconfiguración de cadenas de suministro globales, la transición hacia energías limpias y cambios en el orden geopolítico—, los mercados de inversión pueden detectar nuevas posibilidades. Los inversionistas, especialmente aquellos con visión de largo plazo, buscarán entornos estables y con claridad regulatoria, donde el Estado y el sector privado trabajen en sintonía. Perú, con su potencial de crecimiento y su posición geográfica, puede convertirse en un espacio atractivo para inversiones en infraestructura.
Para los peruanos, este panorama implica que las decisiones actuales en política pública y desarrollo regional tendrán un impacto directo en su calidad de vida. Si se abren espacios para el aporte privado, se acelerará la construcción de rutas, servicios de agua potable, sistemas de salud y redes eléctricas. El desafío no es solo financiero, sino también de coordinación entre instituciones, claridad en reglamentaciones y fortalecimiento de mecanismos de gestión de riesgos. La brecha de 110.000 millones no es un número abstracto: representa la necesidad de mejorar la movilidad, el acceso al agua, la salud y la conectividad. Sin un enfoque estratégico que combine estabilidad fiscal y apertura al capital privado, el desarrollo infraestructural seguirá retrasado, afectando la eficiencia de servicios y la competitividad del país en el escenario regional.