Según Gestión, el gobierno de Fujimori ha presentado una propuesta de ley MAPE centrada en dos ejes clave: el fortalecimiento de la fiscalización ambiental y la gestión de riesgos asociados a fenómenos climáticos. Esta iniciativa se da en contexto de una caída registrada en la producción minera metálica en el primer semestre del año 2026, una tendencia que podría intensificarse por el impacto del fenómeno de El Niño (FEN). El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha señalado que, hasta marzo de 2027, se prevén lluvias superiores a los promedios históricos en la costa norte, el centro y el sur, así como en la sierra centro occidental. Paralelamente, se detectan déficits hídricos significativos en la sierra centro oriental y la sierra sur occidental. Estas condiciones climáticas extremas generan presiones directas sobre la cadena productiva minera, afectando tanto la operación de los yacimientos como la infraestructura que los sostiene.
La OEFA ha identificado 58 unidades mineras en 14 regiones que presentan depósitos de relaves expuestos a riesgos hidrometeorológicos. En escenarios de lluvias intensas, se plantean peligros estructurales, como el colapso de diques de contención, el rebosamiento de embalses o alteraciones en la estabilidad geotécnica de los depósitos. Además, los relaves contienen metales pesados que, al ser liberados, pueden deteriorar la calidad de los cuerpos de agua superficial y subterráneo. Este impacto no se limita al ambiente: puede provocar cambios en la composición de los suelos y en los ecosistemas acuáticos, mediante la bioacumulación de contaminantes. También se observa una posible disminución en la disponibilidad de agua potable, debido a la contaminación de fuentes de captación.
Para el lector peruano, este panorama no es solo una cuestión técnica o ambiental, sino una realidad con consecuencias directas en su cotidianidad. Las comunidades rurales y campesinas, muchas de las cuales dependen de fuentes de agua localizadas cerca de zonas mineras, podrían ver afectadas sus condiciones de vida. Además, la vulnerabilidad de las zonas más expuestas al clima extrema exige una mayor transparencia en el monitoreo y en la regulación de las operaciones mineras. La propuesta de ley MAPE representa una oportunidad para integrar la gestión ambiental con la estabilidad de la producción, pero también pone en evidencia la necesidad de políticas que protejan tanto el medio ambiente como la salud de las poblaciones más expuestas. En un país donde la minería es un pilar de la economía, la combinación de riesgos climáticos y ambientales exige una respuesta coordinada, basada en datos, prevención y participación social.