Según Gestión, el organismo encargado de evaluar el estado ambiental del país, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ha identificado un total de 2.939 unidades operativas del sector hidrocarburos en riesgo elevado o muy elevado. Esta alerta se basa en datos históricos y condiciones climáticas regionales, y se vincula directamente al Fenómeno El Niño de magnitud extraordinaria que se anticipa este verano. El riesgo se clasifica en tres categorías principales: inundaciones, movimientos en masa y activación de quebradas, las cuales podrían comprometer la operación de instalaciones estratégicas.
La mayoría de las unidades afectadas corresponden a grifos, estaciones de servicio, plantas de envasado de GLP y gasoductos. También están incluidas plantas de fraccionamiento de líquidos, sistemas de transporte por ductos de gas natural, y puntos de venta de derivados. Entre estos, se destaca el Oleoducto Nor Peruano, gestionado por Petroperú, que forma parte del listado de infraestructuras en riesgo. Además, se registran cerca de 59 lotes asociados a la producción de petróleo, como los lotes 95, X, 8, V, VI, VII, XIII, 131 y el Lote I, que actualmente funcionan. Paralelamente, se incluyen otros lotes suspendidos, como los 192, XIX, 158, IX y XXI, cuyas operaciones han sido interrumpidas por condiciones de alto riesgo.
El impacto potencial no solo afecta a la cadena de suministro de combustibles, sino que también puede generar una inestabilidad en el mercado de energía y transporte. El aumento de las precipitaciones extremas podría desencadenar daños estructurales, interrumpiendo el abastecimiento y elevando los costos de recuperación. En el contexto actual, donde el tipo de cambio ha mostrado volatilidad, estas amenazas podrían amplificar la presión sobre el sistema financiero y las exportaciones de productos energéticos.
Para el lector peruano, este panorama representa una realidad que trasciende el ámbito técnico. Las comunidades cercanas a zonas rurales y costeras, que dependen de servicios de combustibles y transporte, enfrentan una incertidumbre creciente. La capacidad de las empresas para mantener operaciones bajo condiciones climáticas extremas será clave para garantizar la estabilidad en el acceso a productos básicos. Además, el gobierno debe coordinar mejor las alertas ambientales con políticas de seguridad industrial, para evitar consecuencias que afecten tanto a la economía como a la población. La vigilancia continua de estos riesgos, combinada con planes de contingencia, será fundamental para proteger tanto la infraestructura como la resiliencia del país frente a eventos climáticos intensos.