Según Gestión, un análisis del Consejo Privado de Competitividad (CPC) revela que el gasto público en remuneraciones ya supera los 76,049 millones de soles. Este dato forma parte de una evaluación que señala una tendencia preocupante en el balance fiscal del país. La Encuesta de Expectativas Fiscales indica que los especialistas proyectan un déficit de 2.1% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2026, cifra que, aunque menor que la estimación del año anterior, permanece por encima del límite oficial de 1.8% del PBI definido por el Poder Ejecutivo. En el panorama de los expertos, el 63% anticipa que el déficit se mantendrá cerca del umbral, el 33% lo ve por encima y solo el 4% lo sitúa por debajo. Este escenario se alimenta de iniciativas legislativas que amplían el gasto corriente, así como de posibles apoyos al sector petrolero, especialmente a Petroperú, y de créditos adicionales que podrían ser aprobados en el futuro.
El análisis también señala que la proyección se mantiene estable en el tiempo: el déficit se estima en 2.1% del PBI para 2027, y posteriormente cae a 2% en los años 2028 y 2029. A pesar de esta reducción, el marco normativo establece un “techo” de 1.4% para 2026, con una proyección de convergencia hacia el 1% a partir de 2028. Las principales presiones que explican esta situación incluyen el crecimiento del gasto público, leyes aprobadas por el Congreso, contingencias asociadas al petróleo y la incertidumbre sobre el rumbo del próximo gobierno. El papel del Poder Legislativo se convierte así en un factor determinante para la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Cualquier medida que amplíe el gasto sin una correspondiente reestructuración de ingresos podría comprometer la estabilidad financiera del país.
Para los peruanos, este panorama implica una realidad directa: los impuestos, el presupuesto público y la gestión de servicios públicos están bajo presión creciente. Aunque el déficit fiscal no se manifiesta en un aumento inmediato de precios, su acumulación afecta el poder adquisitivo, la inversión en infraestructura y la capacidad del Estado para responder a crisis. Si las políticas fiscales no se reorientan, el crecimiento económico podría verse limitado, y los sectores más vulnerables —como el transporte, la salud y la educación— podrían enfrentar mayores ajustes. La transparencia y el compromiso de los órganos legislativos serán clave para mantener la confianza en el sistema financiero nacional. En un contexto de inflación y desigualdad, la responsabilidad fiscal no debe ser solo un número, sino una decisión que impacta en cada familia.