Segun Gestión, el avance económico del Perú durante tres décadas no se ha traducido en una expansión sostenida de la recaudación fiscal. Un análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revela que la presión tributaria, definida como la parte del PBI que el Estado recauda mediante impuestos, ha permanecido en un rango estancado entre el 15% y el 19% desde 1994. En 2024, este indicador alcanzó el 16,3%, un nivel que se sitúa muy cerca del registrado en 2005 y que, en comparación, es inferior al promedio de los países de América Latina y el Caribe. Este escenario indica una insuficiencia estructural en el sistema tributario, afectada tanto por la alta informalidad como por el incumplimiento de obligaciones fiscales. Además, decisiones específicas en el diseño del sistema —como beneficios ampliados a sectores o contribuyentes— han debilitado el potencial de crecimiento fiscal.
El informe de la OCDE destaca que, sin un incremento continuo en los ingresos tributarios, el país enfrenta el riesgo de ampliar sus déficits fiscales y de acumular una deuda pública que podría comprometer la estabilidad financiera a mediano plazo. Los beneficios fiscales, en particular, representan una carga significativa. La OCDE estima que en 2025 el costo de estos beneficios alcanzó el 2,2% del PBI. Sin embargo, esta cifra podría ser superada debido a la aprobación legislativa de nuevas exoneraciones y facilitaciones. Entre el inicio de la sesión legislativa en 2021 y octubre de 2025, el Congreso aprobó 38 leyes que otorgan beneficios fiscales, según el Consejo Fiscal. Estas medidas podrían provocar una pérdida de ingresos que se estiman en hasta 1,8% del PBI. La forma en que se han implementado estas políticas no cumple con las buenas prácticas de gobernanza establecidas en la Norma VII del Código Tributario, especialmente en cuanto a la participación de los interesados y la transparencia en el diseño de beneficios.
Para el lector peruano, este panorama plantea una advertencia clara: los impuestos, aunque son una herramienta clave para financiar servicios públicos, no están siendo eficientemente aplicados. La baja recaudación, combinada con una expansión de beneficios, pone en riesgo la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, salud o educación. A medida que el crecimiento económico se mantiene, sin una reestructuración fiscal sólida, los sectores más vulnerables podrían enfrentar mayores presiones, mientras que el presupuesto público se ve amenazado por un déficit creciente. En un contexto donde el sector informal representa más del 40% de la economía, cualquier reforma debe considerar mecanismos que fortalezcan la inclusión fiscal sin afectar la capacidad de los pequeños negocios. La solución no radica solo en aumentar impuestos, sino en reforzar la calidad del sistema tributario y garantizar que los beneficios se distribuyan de forma equitativa y transparente.