Según Gestión, una demanda presentada por asociaciones del departamento de Apurímac ante el Tribunal Constitucional busca retirar del mercado tres plaguicidas: imidacloprid, clotianidina y glifosato. La solicitud, identificada como la demanda N°00871-2021-0-0301-JR-CI-01, argumenta que estos productos representan riesgos para la salud, aunque no se han encontrado evidencias técnicas que respalden dicha afirmación. El glifosato, en particular, es utilizado en aproximadamente el 40% de los herbicidas empleados en el país. Organismos internacionales como la Agencia de Protección Ambiental, la Organización Mundial de la Salud y la FAO han confirmado que este compuesto es seguro bajo condiciones reguladas, y no existe un sustituto que igualmente eficaz en la gestión de malezas.
La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) ha expresado alarma ante el posible impacto de esta medida. Si el Tribunal Constitucional aprueba la demanda, se vería afectada directamente la cadena productiva agrícola, elevando los costos de producción y trasladando esos gastos al precio final de los alimentos. Renzo Gomero, gerente de CIAGRO de la SNI, señala que el agro no solo representa una actividad económica, sino también una base vital para las familias peruanas. La producción de alimentos se vuelve más compleja y costosa, lo que repercute en el poder adquisitivo de los hogares. Además, el marco normativo existente para el registro, evaluación y uso de plaguicidas ya establece mecanismos de control, por lo que su ignorancia pondría en riesgo la institucionalidad del Estado y la estabilidad jurídica en materia de producción.
Rubén Carrasco, director de Cultivida, destaca que una reducción en la producción agrícola, combinada con un aumento en los precios y una disminución del empleo, comprometería la competitividad del sector peruano. La falta de herramientas eficaces para combatir plagas y enfermedades haría que el agro se vuelva más vulnerable, afectando no solo la rentabilidad de los productores, sino también la seguridad alimentaria nacional. Este escenario podría acelerar el deterioro de la cadena de suministro, especialmente en productos básicos como el arroz, el maíz o el trigo, que ya enfrentan presiones por precios elevados.
Para el lector peruano, este caso es más que una cuestión técnica: representa una intersección crítica entre salud pública, economía familiar y seguridad alimentaria. Los precios de alimentos ya están en una zona de tensión, y cualquier medida que aumente los costos de producción podría afectar directamente el presupuesto de hogares que dependen de estos productos. La decisión del Tribunal Constitucional no solo tendrá consecuencias en el sector agropecuario, sino que también influirá en la capacidad de las familias para acceder a alimentos básicos, reforzando la necesidad de políticas que equilibren protección sanitaria con la viabilidad productiva.