Según Gestión, el presidente de la Confederación de Empresarios del Perú (Confiep), Jorge Zapata, respalda el proyecto de pedido de facultades legislativas presentado por el gobierno de Keiko Fujimori al Congreso. Este proyecto busca dotar al Ejecutivo de herramientas para abordar tres desafíos críticos: la inseguridad social, los efectos del fenómeno de El Niño y la necesidad de reactivar la economía. Zapata destacó que, sin embargo, las propuestas deben evaluarse en el contexto real de las condiciones del mercado laboral y de las estructuras de empleo en el país. En ese sentido, señaló que el actual sistema de regulación laboral está funcionando de forma inadecuada, especialmente en lo que respecta a la amplia presencia de la informalidad.
El informe identifica que alrededor del 70% al 73% de la población económicamente activa (PEA) labora en condiciones informales. Este grupo carece de beneficios básicos como vacaciones, gratificaciones, cuenta de ahorro para el trabajo (CTS) o cobertura de salud. A pesar de que la flexibilidad laboral podría facilitar la integración de nuevos empleos, Zapata advirtió que algunos sindicatos resisten dicha evolución. Para avanzar, propuso que el debate se desarrolle en el Consejo Nacional del Trabajo, espacio donde, según él, se debe lograr un consenso entre sectores clave. En cuanto al sueldo mínimo, que se propone elevar a 1,300 soles, Zapata argumentó que esta medida podría generar contrapartes negativas. Las empresas que ya están en proceso de formalización podrían retroceder ante el aumento, ya que el sector informal no cumple con las normativas gubernamentales. Por ello, consideró que el incremento del mínimo solo sería viable si se acompañara con una revisión de otros costos laborales, como el número de feriados. El país, según Zapata, tiene una cantidad de días de vacaciones superior al promedio latinoamericano, lo que representa un sobrecosto que podría ser ajustado.
Para los peruanos que trabajan en condiciones informales, este panorama implica una realidad difícil de superar. Aunque las reformas buscan estabilidad y crecimiento, su impacto no se distribuye equitativamente. El sector informal, que abarca a millones de personas, no será beneficiado por ajustes que no incluyen su realidad estructural. Por eso, el verdadero impulso económico no depende solo de aumentos salariales, sino de soluciones que reconozcan la profundidad de la informalidad y promuevan un sistema más inclusivo. Los ciudadanos deben entender que cualquier política de empleo debe ir acompañada de mecanismos que permitan la transición desde la informalidad hacia la formalidad, sin generar nuevos obstáculos para las pequeñas empresas o los trabajadores autónomos.