Según Gestión, el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030, el primer plan fiscal publicado bajo el gobierno de Keiko Fujimori, destaca una serie de tensiones en el sistema financiero del país. Entre 2021 y 2025, se aprobó casi 250 iniciativas legislativas con efectos negativos sobre las finanzas públicas, especialmente en el ámbito tributario. Estas medidas incluyeron ampliaciones de gastos, reducciones de impuestos y transferencias a entidades subnacionales. En este panorama, los beneficios fiscales —como exoneraciones, inafectaciones y devoluciones— han emergido como elementos centrales de debilitamiento del presupuesto.
Entre el 2021 y 2026, las exoneraciones representaron el 53% del gasto tributario total. Las inafectaciones, por su parte, afectaron casi un tercio del total del recaudo, alcanzando una cifra cercana a S/ 1 por cada S/ 3 de gasto fiscal. Las devoluciones, aunque menos voluminosas, superaron el 6% del total. Para el año 2024, el gasto tributario potencial se estima en S/ 26,350 millones, mientras que para 2027 aumentaría a S/ 27,697 millones. Este monto equivale a más del 2.1% del Producto Bruto Interno (PBI), superando el umbral del 12% de la recaudación que se considera crítico en el análisis de la OCDE.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha advertido que el Perú debe reevaluar su estructura de beneficios fiscales, debido a la inercia en la presión tributaria sobre el PBI. Este fenómeno pone en riesgo la sostenibilidad del sistema financiero, ya que una baja presión fiscal puede obstaculizar la generación de ingresos necesarios para financiar políticas públicas clave. El MMM subraya que un manejo fiscal responsable no solo mantiene el acceso a créditos a corto plazo, sino que también protege la calificación crediticia del país, clave para atraer inversiones extranjeras y estabilidad en el mercado.
Para los habitantes del Perú, este escenario implica una mayor vulnerabilidad ante shocks económicos, como variaciones en precios, desastres naturales o fluctuaciones del mercado laboral. Si el Estado reduce los ingresos fiscales por exoneraciones masivas, podría comprometer su capacidad para responder a emergencias. Los sectores más afectados —como el transporte, la salud o la educación— podrían ver reducidas sus asignaciones si el presupuesto no se reajusta. Además, la creciente dependencia de subsidios fiscales puede generar una brecha entre el gasto público y los ingresos reales, lo que a largo plazo afecta la eficiencia del sistema.
El desafío actual es equilibrar el bienestar social con la sostenibilidad fiscal. Sin un enfoque claro, el crecimiento económico podría verse restringido por la falta de ingresos, mientras que la población enfrenta mayores costos en servicios públicos. La transparencia y el control de las medidas tributarias deben ser herramientas prioritarias para garantizar una economía más resiliente.