Según Gestión, Perú se encuentra en la cima de la región en cantidad de arbitrajes activos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con 22 procesos en curso a mediados de julio. Este número aumenta tras la presentación de Promigas, empresa encargada de la concesión de gas en el norte del país, que formalizó su solicitud ante la institución. La iniciativa, ya anunciada en marzo de 2025, se centra en la tarifa de gas natural, un tema clave para el sector energético. Promigas, tras completar un proceso de trato directo que dura seis meses, se habilitó para iniciar el arbitraje desde mayo de este año. Sin embargo, la solicitud oficial ante el Ciadi no se presentó hasta junio.
El conflicto involucra a Debevoise Plimpton, de Nueva York, y al estudio Rodrigo, de Lima, como demandantes, frente a la Comisión Especial del Estado peruano, el Ministerio de Economía y Finanzas y el bufete Baker Botts, con representantes en Londres y Washington. Además, se incluye el estudio Navarro Pazos, también de Lima. El marco normativo se basa en la Convención del Ciadi y en el TBI Perú-Colombia de 2007. Actualmente, el procedimiento se encuentra en estado de pendiente, con la última actualización registrada el 13 de julio de 2026, cuando el Secretario General del Ciadi confirmó la petición para iniciar los mecanismos de arbitraje.
El punto crítico del conflicto se da en el proceso de fijación de tarifas. Tras finalizar la vigencia de la tarifa inicial establecida por ProInversión, el Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) debía calcular una nueva tarifa para los próximos cuatro años. En este punto, se produjo un bloqueo entre Promigas y el regulador. La prepublicación de la tarifa fue anunciada el 20 de noviembre, pero no se registró una negociación efectiva que permitiera un acuerdo entre las partes.
Para los hogares peruanos, este escenario refleja una realidad donde el acceso al gas natural sigue siendo limitado: solo el 20% de las viviendas cuentan con este servicio. La inestabilidad en el marco regulatorio, combinada con la ausencia de una tarifa clara y transparente, dificulta que las familias y comunidades en zonas rurales o menos urbanizadas se beneficien de esta fuente energética. En un contexto donde el costo de energía afecta directamente la calidad de vida, la necesidad de un marco normativo estable y una gestión transparente adquiere una dimensión urgente. El caso de Promigas no solo es una disputa jurídica, sino un indicador del reto que Perú enfrenta para garantizar servicios energéticos equitativos y sostenibles en todos sus territorios.