Segun Gestión, Perú se encuentra nuevamente en el centro de un proceso arbitral internacional gestionado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Este escenario se agudiza con la confirmación de que representantes del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI) viajarán a Estados Unidos para defender los intereses del país en una demanda presentada por el grupo francés VINCI Highways SAS y VINCI Concessions SAS en 2021. El tribunal de CIADI ha programado una audiencia en sus instalaciones de Washington entre el 15 y 16 de octubre, aunque el personal peruano se presentará en el país entre el 14 y el 17 de octubre, bajo solicitud de la firma legal Baker Botts LLP, encargada de representar al Estado peruano en el caso.
La demanda se fundamenta en la afirmación de que los derechos del accionista francés fueron vulnerados, conforme al tratado de protección de inversiones firmado entre Perú y Francia. El grupo VINCI es el principal accionista de Lima Expresa, la empresa que administra el proyecto vial Línea Amarilla. En el desarrollo más reciente del proceso, el tribunal debe evaluar si se debe admitir nueva evidencia presentada por el demandante. Aunque los detalles específicos del reclamo no han sido divulgados públicamente, se sabe que el conflicto se inscribe en una línea de litigios anteriores, ya que en 2018 Lima Expresa había iniciado un proceso arbitral contra la Municipalidad de Lima por el cobro de peajes. En junio de 2020, un juez francés determinó que la tarifa aplicable en ese año debía ser de 5,40 soles, no los 5,70 soles que se habían establecido originalmente.
Para el lector peruano, este tipo de procesos evidencia la importancia de que los acuerdos de inversión no solo se firmen en papel, sino que sean respaldados por mecanismos de protección efectivos y transparentes. La presencia de representantes del SICRECI en Estados Unidos refleja un esfuerzo institucional para garantizar que las decisiones de inversión se tomen con base en el derecho internacional, y no solo en intereses comerciales. Aunque el resultado final aún no se ha anunciado, el hecho de que el caso se encuentre en una fase de audiencia indica que el debate sobre la regulación de concesiones públicas y el rol de los inversores extranjeros en el desarrollo de infraestructura está en curso. Este escenario debe hacer que las autoridades nacionales revisen con mayor profundidad las políticas de concesión, asegurando que se respeten tanto los derechos de los inversores como los de la ciudadanía. En un contexto de creciente inversión extranjera, el equilibrio entre el desarrollo de infraestructura y la protección de los intereses nacionales es clave para la sostenibilidad de las políticas públicas.