Segun Gestión, el Gobierno de José María Balcázar ha presentado una propuesta legislativa para ampliar las facultades de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), con el fin de que esta institución pueda ejecutar coactivamente multas y obligaciones administrativas. El proyecto, entregado el 20 de julio, se basa en un diagnóstico interno de la APN publicado en enero, denominado “Agenda Temprana”, que señala que desde la vigencia de la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN), se han prescrito 35 multas con un monto acumulado de S/ 1,538 millones, sumas que el Estado no ha podido recuperar. Esta situación constituye el eje central del proyecto, que busca reactivar el cobro de deudas administrativas por parte de la APN.
La iniciativa busca resolver una brecha institucional: mientras que el marco legal permite a entidades públicas ejecutar multas, la norma general del Procedimiento de Ejecución Coactiva requiere un dispositivo específico que la autorice. En este sentido, expertos como Gonzalo Bernal de Echecopar y Rafael Zacnich de ComexPerú coinciden en que la propuesta es válida, pero no suficientemente robusta. Bernal advierte que el uso directo de la norma general podría comprometer el debido proceso, ya que no contempla controles ni mecanismos de revisión. Sostiene que el enfoque debería ser más estructurado, incluyendo criterios de transparencia y participación de las partes afectadas, para evitar abusos o decisiones arbitrarias.
El alcance de la propuesta no es uniforme: la APN podría aplicar estas facultades en todos los puertos, incluyendo el de Chancay, cuyo distrito ya cuenta con una hoja de ruta para su desarrollo. Aunque el proyecto no especifica detalladamente cómo se aplicarían las sanciones en cada caso, su implementación podría transformar significativamente la capacidad de control y cobro de la institución. Sin embargo, el impacto en operadores logísticos, pequeños comerciantes o empresas locales deberá evaluarse, dado que el aumento de sanciones podría afectar su fluidez comercial.
Para el lector peruano, este desarrollo es relevante porque refuerza la necesidad de fortalecer las instituciones clave del sector portuario, que impactan directamente en el comercio interior y exterior. Los puertos, como Chancay, son nodos estratégicos que conectan el país con mercados internacionales, y una APN más activa puede mejorar la eficiencia del sistema portuario, reducir pérdidas fiscales y fomentar la competitividad. Sin embargo, también plantea la necesidad de un equilibrio entre eficacia institucional y protección de derechos de los actores económicos involucrados. El éxito de esta propuesta dependerá no solo de su aprobación legislativa, sino de su aplicación con transparencia y equidad.