Según Gestión, un estudio conjunto del Instituto de Criminología y el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) identifica que el crimen organizado en Perú ha evolucionado para operar no solo mediante extorsión directa, sino también mediante la manipulación de las reglas económicas locales. El informe, titulado “Extorsión en áreas comerciales urbanas. Una estrategia de intervención”, detalla que en las zonas comerciales urbanas, las redes criminales han adoptado mecanismos sofisticados que van más allá de cobrar “cupos”. Ahora, imponen condiciones laborales que determinan quién puede trabajar y bajo qué condiciones. Este fenómeno, conocido como racketeering laboral, se basa en la intimidación para forzar a empresas a contratar solo ciertos proveedores, desviando así la oferta laboral y distorsionando el mercado.
El análisis señala que las operaciones no se centran únicamente en la obtención de dinero. En muchos casos, se establecen contratos falsos que presentan a entidades ficticias como proveedoras de seguridad o servicios, mientras que en realidad, son los mismos grupos criminales quienes ejercen el control. Este mecanismo no solo afecta el acceso al empleo, sino que también restringe la entrada de nuevos competidores en ciertos sectores. El experto Nicolas Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, explica que las empresas que no cumplen con estas exigencias enfrentan amenazas directas, lo que convierte a la relación laboral en un acto de coerción, no de colaboración. La dinámica se vuelve más compleja porque las transacciones no se registran formalmente, lo que dificulta su rastreo y su sanción legal.
Además, el informe destaca el racketeering monopolístico, una forma en la que los actores ilegales bloquean la entrada de nuevos negocios a través de amenazas violentas. Esto impide que las pequeñas empresas compitan legalmente, generando un entorno en el que solo ciertos actores pueden operar, con un costo para la economía local. El especialista Rubén Vargas, exjefe del Ministerio del Interior, señala que esta práctica se ha adaptado de modelos mexicanos, pero ahora se ha integrado al contexto peruano, especialmente en zonas urbanas con alta densidad comercial.
Para los peruanos, este panorama plantea una realidad donde la seguridad no solo depende de la policía, sino también de la estructura de mercado y de las relaciones laborales. Muchos pequeños comerciantes, en particular, enfrentan presión constante para mantener contratos con entidades que no son auténticas. La situación exige que el Estado fortalezca el control normativo en sectores clave y que las políticas públicas incluyan mecanismos para identificar y desmantelar redes que distorsionan el mercado laboral. Aunque el presupuesto nacional ha aumentado casi un 50%, este crecimiento no ha sido suficiente para abordar las estructuras de poder que operan en el día a día de las ciudades. El desafío no es solo económico, sino también social y de gobernanza.