Según Gestión, el sistema de protección social en Perú ha registrado una estabilidad casi nula en los últimos años, a pesar del crecimiento económico registrado en el periodo 2024-2025. El Índice Regional de Protección Social (IRPS), que evalúa el acceso a empleo formal, atención médica y cobertura pensional, no ha logrado avances significativos: pasó de 0.49 en 2019 a 0.50 en 2024. Este nivel de estancamiento indica que, aunque el país registró una expansión promedio del 3.5% en 2024 y 2025, los avances en derechos laborales y acceso a servicios sociales no se han materializado. Los datos provienen de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2024, analizados por Horizonte Laboral y la Universidad Católica de Peru (PUCP).
El IRPS se basa en tres pilares clave: empleo formal, acceso a salud y cobertura en pensiones. En el periodo evaluado, dos de estos elementos no mejoraron respecto a 2019. El empleo formal se mantuvo estable, sin crecer, lo que implica que la mayoría de los trabajadores siguen en condiciones de informalidad. La salud, por su parte, sufrió una contracción durante la pandemia y en 2024 regresó al mismo nivel que en 2019. Esto refleja una inercia en la inversión pública en servicios de salud, particularmente en zonas rurales. En tanto, la cobertura pensional también se mantuvo sin evolución, limitando el acceso de los trabajadores a una seguridad financiera en la vejez.
Mayén Ugarte, presidenta del Consejo Directivo de Horizonte Laboral, señala que el crecimiento económico no garantiza una mejora en la protección social. Muchas de las políticas de expansión económica han priorizado producción y empleo en el sector privado, sin una reconfiguración clara del marco legal que permita formalizar a los trabajadores, especialmente en sectores como la agricultura. Allí, el 94% de las actividades económicas opera de forma informal, lo que dificulta la integración en el sistema de derechos laborales. Esta situación no solo afecta a los trabajadores, sino que también genera vulnerabilidad estructural en la economía, ya que el riesgo de desempleo o enfermedad no está compensado por servicios públicos adecuados.
Para el lector peruano, este panorama evidencia una brecha entre el crecimiento económico y el bienestar real. Aunque el PIB crece, millones de personas no reciben beneficios tangibles como seguros de salud, pensiones o estabilidad laboral. En contextos rurales, donde el sector agrícola representa una gran parte del empleo, esta informalidad se acentúa. El sistema actual no está preparado para escalar la protección social sin políticas específicas que vinculen crecimiento con derechos laborales. Los gobiernos deben actuar con enfoque estructural, promoviendo leyes que fortalezcan la formalización, así como inversiones en salud y pensiones accesibles para todos. Solo así se podrá transformar un sistema que, durante cinco años, ha permanecido en una línea de inacción.