Según Gestión, Perú se encuentra en una fase crítica de interacción entre dos fenómenos climáticos: El Niño costero y El Niño global. Esta combinación ha generado una presión intensa sobre sectores vitales como el agro y la pesca, con riesgos que podrían alcanzar 8.1 millones de hectáreas en el verano de 2027. Aunque las consecuencias se harán evidentes en el próximo año, el gobierno ya ha iniciado medidas de respuesta, pese a contar con un fondo de contingencia limitado de S/ 800 millones.
El nuevo gobierno ha identificado 1.700 puntos críticos en el territorio sin intervención previa, y ha priorizado 536 acciones inmediatas, que podrían aumentar hasta 700 o 800 con apoyo del sector privado. A través de ajustes en el presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas destinó S/ 2.000 millones a una reserva de emergencia en agosto. Con ese monto, se emitieron dos decretos supremos: uno que declara emergencia por déficit hídrico, y otro que financia 383 intervenciones de limpieza y descolmatación en ocho regiones. Además, se lanzó un decreto de urgencia para la instalación de 12 geomallas en Lima y la limpieza de 60 puntos críticos en todo el país, todo con un gasto total de S/ 630 millones.
En las próximas semanas, se espera la publicación de tres nuevos decretos. El primero asignará S/ 1.000 millones a áreas clave como Defensa, Vivienda, Saneamiento y Transportes, incluyendo apoyo a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Este instrumento permitirá alcanzar un total de S/ 1.630 millones asignados al programa de respuesta al fenómeno El Niño, con un saldo de S/ 370 millones que se espera implementar en quince días. El presidente del Comando Privado frente al El Niño, Carlos Neuhaus, afirmó recientemente en Piura que ya no queda tiempo para actuar, señalando la urgencia de una respuesta coordinada y eficaz.
Para los habitantes del Perú, especialmente en zonas rurales y de agricultura, esta situación representa una amenaza directa a la producción y a la estabilidad de sus comunidades. Las regiones más vulnerables, como las costeras y las de clima semiárido, podrían enfrentar sequías prolongadas, afectando tanto la cosecha como el acceso a servicios básicos. La capacidad de respuesta gubernamental, aunque creciente, depende de la rapidez con que se logren las acciones coordinadas y del compromiso de sectores privados para ampliar el apoyo financiero. En un contexto donde el clima ya es un factor determinante de la economía, el manejo de estas crisis debe integrar tanto la planificación como la acción inmediata.