Según Gestión, el ministro de Defensa Rafael Belaúnde identificó que las políticas implementadas para combatir las economías ilegales en Perú no han generado resultados concretos. Aunque se han activado fuerzas represivas como el Comando Unificado del Putumayo y Mariscal Castilla (CU-PUMA), que han reducido áreas de cultivo de hoja de coca, los programas alternativos de desarrollo han fracasado tras apenas meses. La causa, según Belaúnde, radica en la ausencia de infraestructura que permita integrar estos proyectos a la economía nacional, lo que hace que las iniciativas se desvían rápidamente y pierdan viabilidad.
Además, el fenómeno de la minería ilegal ha alcanzado niveles críticos, superando en volumen a la producción formal de oro. De acuerdo con el mismo funcionario, este sector informal mueve más de US$ 12,000 millones anuales. Las plantas que procesan el oro declaran cantidades que superan el doble de lo que registran las minas registradas, lo que indica una fuerte participación de materiales de origen no declarado. Este flujo de oro se asocia a un uso masivo de mercurio, un contaminante que afecta el medio ambiente y la salud humana.
La situación se agrava cuando se considera el valor internacional del oro, que se mantiene alrededor de US$ 4,000 por onza. En ese contexto, el ministro reconoció que el esfuerzo de competir con ese precio mediante patrullajes militares en miles de kilómetros de ríos es una tarea que trasciende la capacidad técnica y logística del Estado. El desafío, entonces, no es solo represivo, sino estructural.
Para avanzar, Belaúnde enfatizó que el gobierno debe lograr que la formalidad sea una opción más viable que la actividad ilegal. Para ello, es indispensable mejorar la conectividad fluvial, vial y ferroviaria en zonas rurales y fronterizas. Esta modernización permitiría reducir costos de transporte, acercar a los productores a mercados regulados y facilitar el acceso a tecnologías de procesamiento más limpias.
Para el lector peruano, este panorama revela una realidad en la que el crecimiento económico se ve obstaculizado por prácticas ilegales que operan en la sombra, sin regulación y con fuertes impactos ambientales y sociales. Las comunidades rurales, especialmente en la Amazonía, son centros clave de estas actividades, y su desarrollo depende de políticas que no solo castiguen, sino que ofrezcan alternativas sostenibles. El éxito de la economía formal no depende únicamente de la presencia de fuerzas represivas, sino de un sistema que conecte, empodere y valore a sus actores reales. Sin infraestructura y sin oportunidades claras, el esfuerzo por legalizar se convierte en un ejercicio más de promesas que de resultados.