Según Gestión, el mercado de productos eléctricos ilegales en Perú ha alcanzado una escala que va más allá del comercio informal, convirtiéndose en una red de actividades crimen organizado que incluye corrupción, explotación laboral y lavado de activos. Este panorama fue detallado en el segundo informe del Observatorio de Productos Eléctricos Ilegales (OPEI), publicado por la Asociación Gremial de Empresas Internacionales de Productos Eléctricos del Perú (EPEI), y compartido exclusivamente con la publicación.
El análisis revela que en el sector de construcción, las actividades ilegales generan un volumen de US$ 700 millones anuales, de los cuales US$ 60 millones corresponden a productos eléctricos. Dentro de este monto, se identifican US$ 20 millones destinados al segmento industrial —como plantas, almacenes y fábricas— y US$ 40 millones al residencial, es decir, a viviendas, departamentos y edificios. Esto implica que el 66,67% del flujo de dinero se dirige a viviendas particulares, mientras que solo un tercio se concentra en instalaciones industriales. Los productos más frecuentemente adulterados son el cable eléctrico, los dispositivos de protección termomagnéticos y diferenciales, tomacorrientes y sistemas de iluminación, como focos, paneles, spots y downlights.
Orlando Ardito, gerente general de EPEI, destacó que, pese a que el sector eléctrico en construcción representa entre el 5% y el 8% del presupuesto total, su impacto en el mercado ilegal es significativo. Esto se debe al alto volumen de materiales de infraestructura que se utilizan, como cemento, hierro y ladrillos, que facilitan la entrada de productos falsificados sin control. Además, el estudio evidenció una práctica común entre ferreteros, comerciantes y vendedores ambulantes: preguntan al cliente si vive en casa propia o alquilada. Si la vivienda es alquilada, se recomienda una compra de productos baratos; si es propiedad, se sugiere un “esfuerzo” mayor. Esta dinámica refleja una cultura que valora la “viveza” —la aceptación de riesgos— y normaliza el uso de imitaciones como parte del consumo cotidiano.
Para el lector peruano, este escenario plantea un dilema crítico: por un lado, el acceso a productos eléctricos en viviendas y comunidades rurales puede ser más fácil y económico gracias a la oferta informal. Por otro, la falta de regulación y la creciente presencia de productos falsificados generan riesgos reales, como incendios, cortocircuitos o fallos en el sistema eléctrico, que pueden afectar tanto la seguridad familiar como la infraestructura urbana. En un contexto donde el acceso a servicios básicos sigue siendo un desafío, es fundamental que las autoridades fortalezcan el control de mercados, promuevan la certificación de productos y educan al público sobre los peligros de los productos no regulados. Solo así se podrá evitar que la economía informal se convierta en un motor de riesgos estructurales.