Según Gestión, el Perú aún no ha encontrado soluciones viables para garantizar el suministro de gas licuado de petróleo (GLP), el combustible más utilizado en el país. Tras tres meses de consecuencias tras la rotura del gasoducto de TGP, el sector público ha mantenido una postura inactiva en cuanto a alternativas operativas. La dependencia actual del combustible se ve cada vez más crítica, pues la demanda ha aumentado de 55.636 a 71.419 barriles diarios entre 2020 y 2025, lo que representa un incremento del 28,3%. Este crecimiento continúa, y según proyecciones del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), se mantendrá en un 7% en 2026 frente a 2025.
Las importaciones de GLP han pasado de representar un 30% del total a un nivel que, al final del 2025, se ubicó en un 41%, de acuerdo con datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Esa cifra implica un aumento significativo en los costos para los usuarios, especialmente en zonas rurales y en sectores como la industria y el transporte. A su vez, la producción interna de líquidos de gas natural, clave para fabricar GLP, ha registrado una disminución. En mayo de 2026, la producción promedio alcanzó 64.164 barriles diarios, lo que representa una caída del 13,8% respecto a 2025 (74.510 barriles diarios). Desde 2014, cuando la producción máxima se registró en 103.000 barriles diarios en el yacimiento de Camisea, se ha registrado una reducción acumulada del 24,4%, equivalente a una disminución promedio anual del 2,8%.
Este escenario pone en alerta a los gobiernos futuros, ya que las tensiones actuales en el abastecimiento no son temporales, sino estructurales. La creciente demanda, combinada con la baja capacidad de producción, sugiere que el país podría convertirse en un importador neto de GLP. Esto no solo afecta el equilibrio fiscal, sino que también pone en riesgo la seguridad energética de comunidades que dependen de este combustible.
Para el lector peruano, este panorama implica una realidad cotidiana: el riesgo de interrupciones en servicios es real y creciente. Las familias, pequeñas empresas y sectores productivos enfrentan una mayor exposición a variaciones de precios y disponibilidad. Aunque el gobierno puede intervenir con políticas de almacenamiento o incentivos, sin una reactivación de la producción de insumos, las soluciones no serán sostenibles. La necesidad de inversión en nuevas fuentes de energía y en la modernización de infraestructuras es urgente, pues sin ella, el ciclo de desabastecimiento podría repetirse en futuras administraciones.