Segun Gestión, el censo nacional 2025 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) revela que la población peruana alcanza los 34.2 millones de habitantes, mientras que más de 1.6 millones de ciudadanos, representando poco más del 5% de la población de tres años en adelante, no han alcanzado ningún nivel educativo. Esta brecha se manifiesta en múltiples capas demográficas, afectando especialmente a adultos mayores y a jóvenes en etapas iniciales de formación. De los 598.521 peruanos mayores de 60 años, la mayoría no han completado estudios formales, lo que sugiere un patrón de exclusión que se extiende a otras edades. En la franja de 15 a 24 años, se registran 20.676 jóvenes sin educación, mientras que entre los niños de cinco a catorce años, el número asciende a 116.265.
El desequilibrio también se evidencia por género: casi dos tercios de los adultos sin estudios son mujeres, lo que implica una desigualdad estructural en el acceso a la educación. Esta cifra supera los 1 millones de personas, destacando un fenómeno de exclusión que no se limita a una sola región, sino que se distribuye de forma desigual. Lima concentra el mayor número de personas sin estudios, con 236.641 individuos, debido a su tamaño poblacional y densidad demográfica. A continuación, se registran cifras significativas en Cajamarca (131.471), Piura (112.654), La Libertad (110.171) y Cusco (93.390), aunque estas regiones presentan una menor concentración porcentual en comparación con la capital.
El impacto de esta realidad no puede ser ignorado en el contexto peruano. Las comunidades rurales y de bajos recursos, especialmente en zonas como Moquegua, Tumbes, Madre de Dios, Tacna y Pasco, enfrentan una escasez de infraestructura educativa que dificulta el acceso a formación básica. La ausencia de educación no solo limita las oportunidades laborales, sino que también refuerza la brecha de desarrollo entre regiones. En un país donde el crecimiento económico depende cada vez más de la productividad humana, la falta de formación inicial se convierte en un obstáculo clave para la innovación y la inclusión social.
Para el lector peruano, este dato es un llamado a la acción: el sistema educativo no solo debe mejorar su calidad, sino que debe ser reestructurado para abarcar a todos los sectores. Los gobiernos locales y regionales deben priorizar políticas que aborden la educación en zonas marginadas, especialmente en comunidades donde la falta de acceso ha sido histórica. La educación no es un privilegio, sino un derecho fundamental que debe ser garantizado para construir una sociedad más equitativa y sostenible.