Según Gestión, el acceso a agua potable y saneamiento adecuado en el Perú continúa ampliándose, pasando de 3.3 millones a 5.5 millones de personas sin servicio. Este escenario refleja una realidad que persiste a pesar de los esfuerzos de inversión en infraestructura. José Alberto Petit, ejecutivo de Inversiones de Agua y Saneamiento del Ministerio de Economía y Finanzas, señala que simplemente aumentar el presupuesto público no resolvería la problemática. Su análisis indica que los proyectos suelen centrarse en fases iniciales: planificación, estudios y ejecución de obras, sin una estrategia clara para el funcionamiento posterior.
La operación y mantenimiento de las instalaciones, por tanto, quedan fuera de consideración durante el diseño. Este vacío impide que las infraestructuras sean sostenibles a largo plazo. Petit advierte que en algunos casos, proyectos financiados mediante deuda no definen claramente quién asumirá la responsabilidad de operar y mantener los sistemas una vez finalizada la inversión. Si esta responsabilidad no está establecida, el costo eventual puede recaer en el Estado, generando una carga fiscal creciente. El riesgo no es solo financiero, sino también de ineficiencia en el servicio público, ya que las obras pueden quedar inactivas o deterioradas con el tiempo.
Mauro Gutiérrez, director de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, comparte esta visión, enfatizando que el presupuesto público no es suficiente por sí solo. Aunque es esencial, no puede garantizar el cierre de las brechas sin una estructura clara de gestión post-inversión. La solución no radica únicamente en invertir más, sino en diseñar modelos que integren desde el inicio la operación y mantenimiento, incluyendo mecanismos de gestión eficiente y responsables.
Para el lector peruano, este panorama es particularmente relevante. En regiones como el norte o los Andes, donde el acceso al agua es más limitado, los proyectos de infraestructura deben considerar no solo la construcción, sino también su viabilidad operativa. Las comunidades locales deben tener participación activa en la definición de quién gestionará los servicios. Sin un enfoque integral que incluya mantenimiento, el desarrollo de servicios de agua y saneamiento se convierte en un ciclo interminable de inversión sin resultados sostenibles. El futuro de la gestión de servicios públicos depende de que los gobiernos y las instituciones no solo construyan, sino también mantengan y operen con eficiencia lo que se construye.