Segun Gestión, el esfuerzo gubernamental por simplificar trámites administrativos en Perú ha sido anunciado, pero aún no ejecutado con solidez. Aunque el actual gobierno de Keiko Fujimori ha expresado interés en reducir la burocracia, los avances en materia de reforma regulatoria siguen siendo escasos. En el marco de un plan que incluye delegación de facultades legislativas, se han propuesto iniciativas sobre digitalización, mejora de la calidad normativa y eliminación de barreras en el proceso de trámites. Sin embargo, el Congreso aún no ha adoptado oficialmente estas medidas, lo que deja en suspensión su aplicación práctica.
El análisis de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU Uria (PPU), realizado en exclusiva para Gestión, revela que el proceso para abrir un restaurante en Perú requiere hasta nueve autorizaciones o condiciones clave. Este número supera los seis en Colombia y los siete en Chile, indicando una carga administrativa significativamente mayor que en otros países de la región. Los trámites centrales se basan en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (Ley Nº 28976) y en la Norma Sanitaria para Restaurantes y Servicios Afines (NTS Nº 142-MINSA/2018/DIGESA). La primera etapa crítica consiste en evaluar si el uso del inmueble cumple con las normas de zonificación municipal, un paso que debe tomarse antes de invertir capital en el proyecto.
Este escenario plantea una realidad de alto costo operativo para emprendedores, especialmente en sectores como el turismo o el servicio, donde la apertura rápida de negocios es clave. La acumulación de trámites no solo aumenta los tiempos de inicio, sino que también eleva los costos de gestión y puede desincentivar la creación de nuevas empresas. Para el sector peruano, donde el crecimiento del comercio depende en gran medida de la capacidad de los microemprendedores para acceder a mercados locales, una burocracia prolongada representa un obstáculo directo al desarrollo económico.
Para los ciudadanos y emprendedores del Perú, esta situación evidencia una brecha entre la promesa de reformas y su ejecución real. Aunque el sistema tiene normas claras, la complejidad de su aplicación y la falta de coordinación entre niveles de gobierno dificultan el cumplimiento. Los negocios que requieren autorizaciones múltiples y verificaciones municipales deben contar con más tiempo, recursos y apoyo institucional. Sin un enfoque estructurado y transparente, la simplificación de trámites no será más que una declaración sin efecto práctico. El sector privado, especialmente los más pequeños, seguirá enfrentando barreras que no se alinean con los objetivos de inclusión y crecimiento económico del país.