Según Gestión, desde 2006 se ha registrado una divergencia creciente entre la producción formal de oro en Perú y el volumen exportado, un fenómeno que ha sido analizado por la ONG CooperAccion. A pesar de que la producción de oro en el 2025 alcanzó 109.7 toneladas métricas finas (TMF), sin variación respecto al año anterior, los datos preliminares del Ministerio de Energía y Minas (Minem) indican una caída en el segundo trimestre de 2026: solo 24.8 TMF en los primeros meses del año, lo que representa una disminución del 3.4% frente al mismo periodo del 2025. En marzo, la producción registró 8.5 TMF, una reducción de 5.1% frente a las 9 TMF del mismo mes del año anterior.
La situación se agrava al comparar el volumen exportado con lo producido. En 2025, el país envió 209 toneladas de oro al exterior, un monto que supera casi en un 100% lo que se generó en el mismo periodo. Esta discrepancia se mantiene en el primer bimestre de 2026: se produjeron 16.23 TMF entre enero y febrero, pero se exportaron 33.42 TMF, un volumen que duplica el resultado interno. Las exportaciones de ese periodo alcanzaron 5,231 millones de dólares, cifra que refleja una intensificación de la salida de oro sin respaldo directo en la producción oficial.
Este desfase, que comenzó en 2006, se debe en parte a la expansión de la minería informal y ilegal, que opera fuera del control regulatorio y de la contabilidad oficial. Los analistas identifican que, mientras la producción formal ha mostrado estabilidad, el flujo exportado ha crecido sin sostenibilidad estructural, lo que plantea riesgos para la transparencia fiscal y la gestión de recursos naturales. Además, el precio internacional del oro, que se mantuvo en torno a US$ 4,650 por onza troy, sigue 44% por encima del nivel de hace un año, lo que podría incentivar la actividad en sectores no regulados.
Para los peruanos, esta dinámica representa una realidad económica que impacta directamente en el flujo de ingresos nacionales. Si el oro no se gestiona con claridad entre la producción y las exportaciones, se corre el riesgo de que los beneficios generados en el sector no se traduzcan en inversiones públicas ni en desarrollo sostenible. La brecha también puede debilitar el poder de negociación del país en acuerdos internacionales, ya que los datos oficiales no reflejan con precisión la realidad de la actividad minera. El control institucional debe fortalecerse para que los beneficios del oro sean verdaderamente parte del desarrollo nacional, no solo de operadores informales.