Según Gestión, el crecimiento descontrolado de las ciudades peruanas ha generado una insuficiencia persistente en el acceso al agua potable y saneamiento. Este problema no se resuelve solo con aumentar los presupuestos, ya que arraiga en una historia de urbanización irregular que ha dejado zonas sin infraestructura básica. Álvaro Espinoza, investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), destacó este fenómeno durante el Nexo Summit 2026, evento organizado por la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip). Su análisis se basa en un estudio sobre ocho ciudades que albergan cerca de un tercio de la población urbana nacional: Ica, Arequipa, Piura, Chiclayo, Huancayo, Lima, Tarapoto y Trujillo.
Entre 2017 y 2024, se registraron aproximadamente 135.000 nuevas construcciones en estas localidades. Sin embargo, una mayoría significativa se ubicó fuera del alcance de las redes de servicios públicos. El 68% de estas edificaciones se localizó en zonas no cubiertas por la EPS (Entidad de Prestación de Servicios) ni por infraestructura hidráulica. Esto implica que las viviendas se construyeron sin conexión directa al suministro de agua potable ni al sistema de drenaje. Aunque un 19% se encuentra dentro del territorio de la EPS, aún carece de acceso físico a las redes de agua. Solo el 13% de las nuevas construcciones se sitúan en zonas con servicios hidráulicos completos.
Este escenario revela una dinámica urbana donde el avance de las ciudades se produce en áreas que el Estado no ha priorizado para la extensión de servicios. La expansión se da principalmente en zonas sin infraestructura, lo que genera una brecha creciente entre la ocupación de terrenos y la disponibilidad de servicios básicos. Espinoza identifica dos modelos de crecimiento urbano: el reparador, que comienza con ocupaciones informales y posteriormente recibe intervención estatal; y otro, más agresivo, en el que la construcción avanza sin planificación, dejando espacios sin servicios.
Para los peruanos, especialmente en zonas de alta densidad poblacional, este panorama implica riesgos reales: escasez de agua, riesgo de contaminación y vulnerabilidad ante eventos climáticos. Muchas familias que se han instalado en nuevos barrios, especialmente en periferias, enfrentan dificultades para acceder a servicios que consideran fundamentales. Aunque existen iniciativas de megaproyectos, como el que para Lima se adjudicará en 2027, el retraso en la infraestructura deja a millones sin soluciones sostenibles. La clave no está en construir más, sino en coordinar el crecimiento urbano con la planificación de servicios públicos desde el inicio.