Según Gestión, el panorama educativo peruano revela una profunda divergencia entre los objetivos gubernamentales y los avances concretos. El Ministerio de Educación (Minedu) registra una brecha de infraestructura que alcanza los S/ 170,000 millones, lo que impulsa al gobierno de Keiko Fujimori a anunciar la construcción de 2,000 colegios públicos en cuatro años. Esta meta se descompone en 500 nuevas instituciones anuales, junto con la modernización de 3,000 locales educativos bajo el Plan Nacional de Educación 2026-2031. Sin embargo, los datos oficiales ponen en duda la viabilidad de este planteamiento. En el periodo 2023-2024, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) concluyó solo 61 escuelas, mientras que en los tres años comprendidos entre finales de 2022 y fines de 2025, el Minedu logró 157 obras de infraestructura.
La ejecución de fondos también evidencia un desajuste. Aunque se destinaron S/ 5,176 millones en el año pasado para obras físicas, solo se aprovecharon el 58,6% de esos recursos. El Consejo Privado de Competitividad (CPC) señala que entre 2021 y 2025 se invertieron cerca de S/ 31,000 millones en educación básica, pero apenas un cuarto de los colegios públicos nacionales cuentan con todas sus aulas en condiciones adecuadas. Este indicador sugiere que, incluso con una asignación importante de recursos, la calidad y sostenibilidad de las instalaciones no se mejoran de forma proporcional.
Para un analista como Álvaro Cuba, economista del CPC, los resultados históricos indican que las formas tradicionales de ejecución de proyectos educativos no pueden garantizar el crecimiento anual de 500 escuelas. Las barreras no radican necesariamente en la escasez de fondos, sino en la eficiencia de su aplicación. Los modelos como los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP) podrían ofrecer una alternativa más ágil y centrada en resultados concretos, reduciendo tiempos de ejecución y mejorando la gestión de riesgos.
Para el lector peruano, este escenario plantea una reflexión crítica. Muchos jóvenes no asisten a la escuela, con cifras que indican que cerca de 336,000 estudiantes no estudian regularmente. La ausencia de infraestructura adecuada no solo afecta el aprendizaje, sino que también amplifica desigualdades regionales y sociales. Si los proyectos educativos no logran alcanzar su potencial en términos de calidad, rapidez y alcance, el impacto en el desarrollo humano y económico será duradero. El éxito no depende solo de construir más escuelas, sino de garantizar que cada una funcione como espacio de aprendizaje efectivo, seguro y accesible para todos.