Según Gestión, el sistema eléctrico peruano enfrenta un creciente agravamiento en la calidad del suministro, especialmente en regiones del norte del país. Desde junio hasta julio, múltiples reclamos masivos se registraron en Iquitos y otros municipios de la provincia de Maynas (Loreto), por interrupciones frecuentes en el servicio eléctrico. A pesar de que la Defensoría del Pueblo intervino en ese periodo, las protestas se reactivaron en septiembre, cuando vecinos denunciaron que los cortes y fluctuaciones en la tensión persistían. En Huánuco, a finales de agosto, medios locales confirmaron apagones sin previo aviso, afectando directamente a empresas industriales. En Caravelí, Arequipa, la Defensoría también inició una auditoría a la empresa SEAL por los reclamos de usuarios. En el último mes de septiembre, durante una sesión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, varios diputados exigieron que Electrocentro y Electro Oriente presenten informes sobre los cortes en las zonas de Pasco y la Amazonía, donde el servicio ha sido severamente afectado.
El aumento de la demanda eléctrica ha sido un factor clave en la tensión actual. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) reportó que, entre enero y el 18 de septiembre de este año, el consumo total en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) creció un 5.2%. Sin embargo, en la región norte, el incremento fue de un 14.8%, frente al 8.0% en el centro y cifras aún más moderadas en el sur. Esta disparidad refleja una expansión acelerada del uso de energía en zonas rurales y periféricas, donde la infraestructura eléctrica no ha sido adecuadamente escalonada. La congestión en las redes de transmisión de alta y media tensión, combinada con la falta de capacidades de generación adicionales, ha generado una situación crítica. Los apagones no solo afectan la vida diaria, sino que también representan una pérdida económica para pequeñas y medianas empresas que dependen de un suministro estable.
Para el lector peruano, este escenario es especialmente relevante. Muchas comunidades en zonas rurales o aisladas dependen de una electricidad inestable o interrumpida, lo que limita el acceso a servicios básicos como el agua caliente, iluminación, refrigeración o comunicación. A medida que el crecimiento económico se concentra en regiones como el norte, la infraestructura energética debe adaptarse con rapidez. El hecho de que el aumento de demanda en zonas norte alcance el 14.8% indica una necesidad urgente de inversiones estratégicas en redes de transmisión y centrales generadoras. Sin una respuesta coordinada entre el gobierno, empresas eléctricas y entidades locales, el problema seguirá afectando a miles de familias y a la productividad regional. La energía no es solo un servicio, es un pilar de desarrollo sostenible.