Segun Gestión, el proceso para iniciar un negocio en Perú, especialmente un restaurante, requiere cumplir con nueve principales requisitos y autorizaciones. Este número supera los seis en Colombia y los siete en Chile, evidenciando una carga administrativa significativamente mayor en comparación con otros países de la región. El análisis, realizado por el estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU Uria (PPU), se centra en la tramitología aplicada a la operación de comercios, desde la constitución de la sociedad hasta la obtención de permisos para recibir al público.
La iniciativa clave se encuentra en la verificación de la compatibilidad del uso del inmueble con la zonificación municipal, paso que debe ejecutarse antes de invertir recursos. Posteriormente, el cumplimiento de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (Ley Nº 28976) y la Norma Sanitaria para Restaurantes y Servicios Afines (NTS Nº 142-MINSA/2018/DIGESA) se convierte en un pilar regulatorio esencial. Estas normas establecen lineamientos técnicos y sanitarios que deben ser cumplidos para garantizar la operación legal y segura del establecimiento. A pesar de que el Gobierno de Keiko Fujimori ha expresado interés en simplificar trámites y descentralizar facultades legislativas, aún no se han materializado avances concretos en el ámbito administrativo.
La complejidad del proceso no solo afecta a los nuevos emprendedores, sino que también genera desincentivos para inversiones extranjeras y locales. Los empresarios deben enfrentar múltiples interacciones institucionales, cada una con plazos y exigencias que pueden variar entre municipios. Esta situación crea un entorno donde la incertidumbre y el tiempo de espera se convierten en barreras reales para el desarrollo de negocios. Además, la ausencia de un régimen claro de derechos de tramitación dificulta la predicción de costos y tiempos, lo que impacta directamente en la toma de decisiones empresariales.
Para el lector peruano, este panorama revela una brecha entre los anuncios de reforma y la realidad del día a día. Muchos ciudadanos, especialmente en zonas urbanas, enfrentan procesos que pueden durar meses y que requieren documentación extensa. Si el gobierno no actúa con firmeza en la ejecución de medidas de simplificación, el entorno de inversión seguirá siendo inestable. Los pequeños negocios, que son la columna vertebral del crecimiento económico, podrían verse obstaculizados por un sistema que, aunque prometido, aún no ha sido transformado. La solución no está en declaraciones, sino en la implementación real de mecanismos digitales, claros y accesibles que permitan a cualquier emprendedor acceder a los trámites sin obstáculos.