Segun Gestión, el riesgo de sismos en el Perú se sitúa en niveles críticos en más de 668 localidades, con 182 distritos clasificados como “muy alto” y 486 municipios en “alto” riesgo. Este panorama emerge de un informe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), que analiza la exposición del país a eventos sísmicos. El estudio revela que más de siete millones de viviendas en estas zonas están expuestas a fallos estructurales. La vulnerabilidad se agrava por el hecho de que cerca del 80% de las viviendas en el Perú fueron construidas de forma informal, según datos de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). Adicionalmente, el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) señala que casi el 90% de las viviendas autoconstruidas no cumplen con estándares de seguridad, lo que aumenta su susceptibilidad ante terremotos.
La consecuencia de un evento sísmico no se limitaría al colapso de edificios. La red de servicios básicos también se vería comprometida. Mary Mollo, experta en gestión de riesgos de desastres de ESAN, destaca que los sistemas de alcantarillado, muchos de los cuales tienen más de 100 años de antigüedad, han sido históricamente ignorados en términos de mantenimiento. En el ámbito eléctrico y de telecomunicaciones, el riesgo de parálisis es significativo, especialmente en zonas con infraestructura antigua y poco reforzada. Cenepred detalla que en distritos con alto riesgo sísmico se concentran más de 21.600 kilómetros de redes de agua, 4.134 kilómetros de vialidad nacional, 597 puentes, 52 puertos, 34 aeródromos, 1.548 centros de salud y 10.240 instituciones educativas. De este total, más de 11.700 unidades de salud y educación están clasificadas como vulnerables a sismos.
Este escenario implica una vulnerabilidad estructural que afecta directamente la capacidad del país para responder ante emergencias. Para el peruano promedio, esto significa que en un sismo de magnitud significativa, no solo se perderían casas, sino que también se interrumpirían servicios esenciales como agua, electricidad y acceso a atención médica. Las escuelas y hospitales, que son puntos clave para la recuperación, podrían verse desactivados. La falta de regulación en la construcción y la obsolescencia de infraestructura hacen que el país esté en una posición de riesgo elevado, especialmente en zonas que ya han sufrido terremotos.
El Perú debe priorizar políticas de rehabilitación estructural y fortalecer la normatividad en el sector de la construcción. Las comunidades deben ser informadas sobre las prácticas de construcción seguras, y las autoridades deben implementar planes de monitoreo y mantenimiento de redes críticas. La inversión en infraestructura resiliente no es solo una cuestión técnica, sino una responsabilidad social que protege el bienestar de millones de ciudadanos.