Según Gestión, un terremoto de magnitud 7.4 registrado en Chochó, Colombia, ha desencadenado alertas en el Perú por la posibilidad de eventos sísmicos intensos. Aunque el sismo peruano en Junín registró solo 5.1 en escala, impactó especialmente a la región de Pumpunya, generando víctimas fatales y daños estructurales. Los expertos indican que el Perú no está exento de una ola sísmica más fuerte que la registrada en su vecino, dado que la zona de actividad sísmica más significativa se concentra en el borde occidental del país. Esta actividad se debe a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, a lo largo de la costa. Un estudio de 2011 identificó cuatro regiones de acumulación sísmica que se extienden por 350 kilómetros paralelos a la costa. Cenepred, en su último informe sobre riesgos sísmicos en Lima y Callao, señala que el territorio ha estado acumulando deformación desde 1746, año en que probablemente ocurrió el terremoto más fuerte registrado. En el mismo documento, se establece que el 76% de la población de Lima y Callao se encuentra bajo un nivel de riesgo “muy alto”, cifra que representa 7.07 millones de personas. El 23% enfrenta riesgo “alto” (2.1 millones), mientras que el 1% restante está en condición de riesgo “medio”. En el distrito de Callao, las áreas más afectadas son Callao y Ventanilla. En Lima Metropolitana, los barrios en mayor vulnerabilidad son San Martín de Porres, Comas, Los Olivos, Puente Piedra, Carabayllo, Lima, La Victoria, San Miguel, San Juan de Lurigancho, Ate, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Chorrillos.
Para los habitantes de estas zonas, este panorama no es solo un dato técnico, sino una realidad que demanda preparación. En un contexto donde más de siete millones de personas viven en áreas de alta exposición, cualquier evento sísmico podría provocar consecuencias inmediatas en infraestructura, servicios básicos y la estabilidad de las comunidades. La proximidad de la costa y la historia de eventos sísmicos recurrentes refuerzan la necesidad de fortalecer sistemas de alerta temprana, planes de evacuación y capacidades de recuperación. Además, el hecho de que el riesgo “muy alto” se encuentre en centros urbanos como Lima y Callao subraya que las políticas públicas deben abordar no solo la prevención, sino también la inclusión de las comunidades más vulnerables. Los gobiernos deben evaluar cómo invertir recursos en infraestructura sismoresistente y educación en emergencias, especialmente en barrios con densidad poblacional alta y escasa capacidad de respuesta. El Perú, por su geografía y su historia sísmica, no puede considerar estos riesgos como eventos futuros, sino como posibilidades que requieren atención constante y acción colectiva.