Segun Gestión, el 50% de los bosques peruanos están expuestos a una profunda degradación, un fenómeno que ya no se limita a dimensiones ambientales, sino que genera un impacto económico significativo. El Banco Mundial ha estimado que la Amazonía pierde anualmente más de US$ 14.000 millones por la deforestación, cifra que afecta directamente a los países del sur americano, incluyendo al Perú. Este costo no solo se traduce en pérdidas de biodiversidad, sino en una creciente vulnerabilidad financiera, ya que la pérdida de cobertura forestal incrementa los costos de financiamiento del Estado.
El análisis de David Lesmes, experto en finanzas y gerente del proyecto Reservas Vitales de Conservación Internacional, sitúa al Perú en el puesto séptimo entre los 10 países más afectados por la pérdida proyectada de su PBI debido a la deforestación. De esas 10 economías, cinco pertenecen a Sudamérica: Brasil, Argentina, Colombia y Bolivia. La conexión entre la salud del bosque y la disponibilidad de servicios ecosistémicos es clave. La regulación del agua, por ejemplo, se ve comprometida cuando se destruyen los ecosistemas forestales, lo que afecta tanto a la calidad de los ríos como a la capacidad de los suelos para sostener cultivos. Este fenómeno, conocido como “ríos voladores”, permite que las lluvias se distribuyan a distintas regiones, manteniendo la productividad agrícola.
Además, el Ministerio del Ambiente (Minam) ha destacado que conservar la naturaleza no es un gasto, sino una inversión estratégica. La viceministra de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, Carmen Guerrero, señaló que el Perú busca liderar en la construcción de una economía resiliente, basada en la protección de sus ecosistemas. Esta visión se apoya en una proyección a largo plazo: no se trata de ayudas temporales, sino de mecanismos que generen flujos estables de financiamiento a lo largo de décadas. La idea es que la conservación del bosque se convierta en un pilar de sostenibilidad, no solo ambiental, sino también económica.
Para el lector peruano, este escenario representa una realidad directa. Las comunidades rurales, especialmente en zonas de producción agrícola, dependen de los servicios que brindan los bosques. La pérdida de estos recursos no solo afecta la producción, sino que también puede elevar los precios de alimentos y reducir la estabilidad de las cadenas productivas. Además, el aumento de costos de financiamiento soberano puede impactar la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, salud o educación. Por ello, entender que la deforestación tiene un costo económico real es clave para tomar decisiones informadas. La protección del bosque no es una cuestión de política ambiental aislada, sino una necesidad financiera y social que debe integrarse en las estrategias de desarrollo nacional.